Rectificar

En este país los políticos están muy poco acostumbrados a rectificar. Es más cómodo mantenerse en el error y dejar que el tiempo lo diluya. Ni el presidente Lambán ni los consejeros Gimeno (Hacienda) y Olona (Medio Ambiente) van a admitir que la gestión del impuesto sobre la calidad de las aguas (ICA), concebido por el gobierno anterior de un PP ausente en este debate, está siendo un desastre. Que 109.000 zaragozanos –población equivalente a la de las ciudades de Huesca, Teruel y Calatayud juntas– hayan decidido no pagar sus recibos debería hacerles reflexionar sobre un problema que no es de insumisión fiscal, sino de contestación social; de rechazo a un impuesto por un servicio que la DGA no presta y que el Ayuntamiento de Zaragoza lleva 25 años cobrando. Podrán incluso engañarse, y seguramente lo harán, alegando que Podemos y ZEC han hecho campaña contra el ICA. Ni aun así salen las cuentas: el número de impagados y recursos casi duplica el de los votos que tuvo ZEC. El malestar está entre los trabajadores y el sustrato social que el PSOE dice representar. Y estos sí, estos van a tener la gran oportunidad de rectificar dentro de un año en las urnas.