Conocer con detalle el operativo policial desplegado por la Guardia Civil en Teruel antes y después de los asesinatos de los guardias civiles Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero y del ganadero José Luis Iranzo es uno de los objetivos de las partes personadas en la causa contra Norbert Feher, alias Igor el Ruso. Otro es saber la disponibilidad de chalecos antibalas que tienen los agentes y la calidad y conservación de los mismos. No en vano, del resultado de las investigaciones podría derivarse una posible responsabilidad civil del Estado.

Los distintos abogados personados en la causa ya han solicitado pruebas en ese sentido. Si hace unos días fue la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la viuda de Víctor Romero la que, a través de su abogado, Jorge Piedrafita, presentó un escrito solicitando un examen "preciso y más amplio" de la munición y los chalecos antibalas que portaban los agentes asesinados, ahora ha sido el letrado de los padres y hermanos de Romero, Javier Notivoli, quien ha propuesto que se aclaren todos los pormenores respecto a la dotación de estos protectores.

El letrado ha planteado a la juez de Alcañiz que solicite a la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel que informe por qué Víctor Romero Pérez llevaba un chaleco particular, marca Fedur, y aclare si el uso del mismo está autorizado y es una práctica habitual entre los agentes. Quiere saber también si cada guardia tiene asignado en su dotación personal un protector o si, por el contrario, existen determinadas unidades y se usan a modo de "chaleco caliente". Es decir, un miembro de la Guardia Civil se lo quita cuando termina de trabajar y se lo pone el siguiente que empieza. El abogado pretende averiguar además de cuantas de estas prendas de seguridad dispone la comandancia de Teruel y, en concreto, cuántas había en los acuartelamientos de Teruel capital, Albalate y Andorra en diciembre pasado, cuando se produjeron los tiroteos en ambas localidades.

Gestiones para alertar

Respecto a los dispositivos que se organizaron tras los distintos sucesos acaecidos ese mes, puestos entredicho por asociaciones como UAGA –personada en la causa y a la que pertenecía Iranzo–, o la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Javier Notivoli plantea varios interrogantes.

Por un lado, pregunta sobre las gestiones que la Guardia Civil hizo esos días para prevenir a la población del peligro que suponía la presencia en la zona de un individuo que todavía no había sido identificado como Norbert Feher pero que había demostrado su peligrosidad disparando a quemarropa sobre dos vecinos de Albalate que lo sorprendieron robando en un masico. Por otra, quiere saber qué operativo se desplegó tras recibir la llamada de José Luis Iranzo Balaguer, explicando que en su masico se habían oído disparos de arma de fuego.

En su escrito, el abogado planta que, para evitar que nadie ponga en duda las facultades mentales del criminal serbio durante el juicio que se celebre contra él, dos médicos forenses y dos psicólogos del Instituto de Medicina Legal de Aragón lo examinen y emitan un informe sobre su capacidad de comprender y conocer.