Contra todo lo previsto y sin aviso, Podemos giró su posición y apoyó la propuesta del PAR para crear una comisión especial de estudio para la reforma del impuesto de Sucesiones en Aragón, dejando desconcertados y muy descolocados a PSOE, CHA e IU e incluso al PP y a Ciudadanos, que pese a tener discrepancias con los aragonesistas y cruzarse reproches votaron a favor de la iniciativa. El resultado es que las Cortes crearán una comisión para analizar las posibles modificaciones del citado impuesto, que en el caso del PP y del PAR quieren llegar a su eliminación, mientras que Podemos quiere buscar excepcionalidades para favorecer determinados casos de herencias en parejas de hecho o de familias con rentas bajas.

Este posicionamiento de la formación morada, que desde 2015 ha condicionado el apoyo a la investidura de Javier Lambán y el respaldo a los presupuestos autonómicos de 2016, 2017 y 2018 a la subida de los impuestos, especialmente el de Sucesiones, fue argumentado con bases completamente opuestas a las que expuso la diputada del PAR Elena Allué y los parlamentarios del PP, Antonio Suárez, y de Ciudadanos, Javier Martínez. El resultado de la votación: 44 votos a favor (PP, Podemos, PAR y C’s), 21 en contra (PSOE, CHA e IU) y 1 abstención.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, argumentó la necesidad de acabar con "los bulos y mentiras de la derecha" sobre este asunto y de que el Ejecutivo autonómico PSOE-CHA "entregue y facilite todos los datos sobre este impuesto" para que se sepa a quién beneficia y a quién perjudica.

Pese a que la portavoz podemista consideró que "la supresión de Sucesiones y Donaciones solo afecta al 0,7% de la población aragonesa, mientras que si se mantiene beneficia al 72,4%" y destacó que en Aragón "solo se rechazan las herencias en un 7% de los casos", un porcentaje muy inferior al resto de las autonomías respaldó una comisión que está planteada por PAR, PP y C’s para intentar eliminar la aplicación del impuesto. Es más, la diputada de Podemos destacó que la media de pago en Aragón es de 5.900 euros y que la mayoría de las herencias están relacionadas con deudas de los fallecidos.

No obstante, Maru Díaz admitió que "puede haber margen de mejora en la aplicación de este impuesto", en referencia a casos de herencias en parejas de hecho, en familias que necesitan una vivienda habitual o que no pueden hacerse cargo de los bienes heredados por limitaciones de su renta. Estas opciones fueron expuestas hace unos mese por el presidente Javier Lambán y por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y ambos recibieron críticas desde Podemos. Aunque Díaz matizó expresamente que su apuesta no es la supresión, sino ajustar las cuotas y asumir casos excepcionales, por lo que abogó por "impuestos justos y cuotas progresivas en todos los impuestos, también en Sucesiones".

Por su parte, Alfredo Sancho (PSOE), Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU) defendieron la aplicación del impuesto porque es "progresista y facilita una redistribución solidaria de la riqueza" y calificaron la iniciativa de "irresponsable y uso partidista". Los tres cuestionaron que el PP no pida al Gobierno central que suprima "un impuesto que es estatal".

El portavoz del PP, Antonio Suárez, reiteró que "Aragón es la Comunidad con mayor presión fiscal de España" y reclamó "la supresión de un impuesto que es antiguo e injusto". Pidió coherencia a C’s y al PAR, reconoció que es competencia estatal, pero recordó que otras autonomías socialistas lo han bajado y "en Aragón se ha incrementado". Suárez recordó que el presidente del PP--Aragón, Luis María Beamonte, ha prometido bonificar el 99% de la cuota que se paga Sucesiones si gobierna en 2019.

El diputado de Ciudadanos Javier Martínez criticó la iniciativa del PAR y que "Aliaga no se lo pidiera en su reunión con Rajoy", la presión fiscal y "el afán recaudatorio de PSOE-CHA y la "doble postura del PP" pero, al final, Ciudadanos, que primero había dicho que votaría en contra, acabó respaldando la iniciativa del PAR.

Por su parte, la diputada aragonesista Elena Allué defendió la propuesta "para resolver una demanda social y acabar con el agravio que sufren los aragoneses, que pagan más que los ciudadanos del resto de comunidades autónomas".