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Aragón

Acusan a una cuidadora de dejar tirada a una anciana en el suelo dos horas con la pierna rota

La inculpada, que hacía el turno de noche en una residencia del Actur, escuchó cómo la octogenaria pedía auxilio y se acercó, pero apagó la luz y volvió a marcharse. El Fiscal pide ahora una condena de tres años de prisión.

La acusada, junto a su abogado, con la vista en el cielo, poco antes de comenzar el juicio en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
La acusada, junto a su abogado, con la vista en el cielo, poco antes de comenzar el juicio en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Guillermo Mestre

Lo ocurrido el 21 de noviembre de 2016 en la residencia de ancianos Las Rosas del barrio del Actur resulta casi imposible de creer: porque nadie se imagina a la cuidadora de un centro geriátrico negándose a auxiliar a una mujer de 87 años que se acaba de caer a las puertas del baño en plena madrugada y se ha roto el fémur. Pero lo cierto es que eso es lo que sucedió y afortunadamente había cámaras para grabarlo. De hecho, al visionar las imágenes, se comprobó que la octogenaria estuvo dos horas tirada en el suelo, en camisón y lamentándose. Y lo único que hizo la empleada, Alicia Mercedes H. S., fue acercarse para apagar la luz, porque después continuó con sus quehaceres impasible al sufrimiento de la anciana.

Según la Fiscalía y la acusación particular –que ejerce la letrada Carmen Sánchez Herrero en nombre de las hijas de la residente–, la caída se produjo a las 5.47 y no fue hasta las 7.50, hora a la que llegaron las trabajadoras del turno de mañana, cuando ayudaron a levantarse a la mujer. La encontraron "helada" y vieron que era incapaz de mantenerse en pie, por lo que la sentaron como pudieron en una silla de ruedas y avisaron de inmediato tanto al 061 como a los responsables de la residencia.

La trabajadora del centro, que fue despedida tras estos hechos y se enfrenta a una posible condena de 3 años de prisión, se sentó este jueves en el banquillo de los acusados por un delito de omisión de socorro en concurso medial con otro de lesiones por imprudencia grave. A preguntas de las partes, la inculpada trató de justificar su incomprensible comportamiento, pero prefirió no responder cuando le preguntaron por cuestiones como: ¿qué hizo cuando vio en el suelo a la anciana? o ¿por qué mintió y escribió en el parte de incidencias que la caída se había producido justo antes del cambio de turno?

La encausada prefirió pasar de puntillas por la cuestión más delicada y no fue hasta que le interrogó su abogado, Javier Checa, cuando trató de justificarse: "Intenté ayudarla varias veces, pero la mujer no se dejaba", declaró. El resto de su declaración lo dedicó a enumerar las supuestas precarias condiciones en las que trabajaba. "Llevaba tres años trabajando sola en el turno de noche, con más de 30 ancianos a los que controlar y nadie me pidió el título de gerocultora cuando me contrataron. Tenía que cambiarles los pañales, poner las lavadoras, preparar la comida del día siguiente... No tenía tiempo para vigilar y estaba prohibido avisar al 112 si se producía algún incidente", aseguró. Al insistir en los muchos quehaceres que tenía, la propia magistrada tuvo que recordar que allí estaban para enjuiciar un hecho muy concreto: "Una persona mayor se cae al suelo, está pidiendo ayuda, la ve y no hace nada".

Sobre la supuesta prohibición de avisar a las emergencias, las propias compañeras de la encausada la desdijeron: "Al ver que la mujer estaba tan fría y no se podía poner de pie, llamamos enseguida a los médicos. A continuación, avisamos también a la dueña del centro", explicó una de ellas cuando declaró ante la juez como testigo.

A la vista estaba citado también el representante legal de la residencia, José Luis D. M., que fue quien al revisar las grabaciones y ver lo que había ocurrido denunció a su empleada. Este aprovechó su comparecencia para puntualizar algunas de las cosas que la encausada había dicho en su descargo. "No se le pidió ningún título porque la DGA no lo exigía entonces. Y es verdad que trabajaba sola por las noches, pero es que el límite que establece la administración es de una cuidadora por cada 35 ancianos, algo que se cumplía", aseguró.

La residencia está personada en la causa como acusación particular, representada por la letrada Ana Guzmán, pero también se le exige la responsabilidad civil subsidiaria, que la Fiscalía fija en unos 30.000 euros y la familia de la octogenaria en 50.000. La vista no pudo concluir ayer porque dos peritos excusaron su presencia y será necesario celebrar otra sesión dentro de unos días.

Se da la circunstancia de que todo el suceso quedó registrado, porque las cámaras grabaron minuto a minuto la agonía de la anciana tirada en el suelo. 

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