El pleito entre Fago y Ansó no acaba con la sentencia del Supremo, porque el expediente de la DGA no está concluido. Fuentes del Comité comarcal del PAR (partido al que pertenece el alcalde de Fago, Enrique Barcos) señalaron que "las sentencias están para respetarlas, se compartan o no". "A expensas del procedimiento posterior en la DGA, la sentencia no da la razón a ninguna de las partes". Por eso, desde el PAR abogaron por la "conveniencia de resolver la cuestión mediante el mejor acuerdo posible que valore los derechos y aspiraciones de dos municipios, aún reconociendo la complejidad del proceso que se ha prolongado por tanto tiempo". Creen que el Gobierno de Aragón "debe propiciar ese entendimiento". Por su parte, Javier Hernández, abogado de Ansó, señaló que "es vergonzoso que un municipio tenga que llegar al Supremo para que la DGA tenga que resolver un expediente abierto hace trece años", porque en realidad, "el Supremo no resuelve nada".

Fuentes de la DGA asumen que el Supremo da por bueno "un deslinde provisional y a efectos del Instituto Geográfico Nacional". "La competencia es autonómica y no se ha procedido al deslinde", asume. "Este proceso se activará cuando lo soliciten los ayuntamientos implicados", concluyeron.

El proceso de la separación de Ansó y Fago empezó en 1830 porque hasta entonces eran un mismo municipio. Entonces se dividieron en dos. Ansó siguió ejerciendo competencias municipales en todo el valle, salvo el casco urbano de Fago.

En 1930. Fago solicita al Gobierno Civil de Huesca un reparto de los aprovechamientos forestales independiente de Ansó, pero es rechazado.

En 1984. Fago se queja ante el Gobierno Civil porque la Mancomunidad no reparte los beneficios del valle.

En 1987-88 Fago pide el cobro del 20% del IBI.

En 2004. Inicia un proceso de deslinde que está paralizado.