El hombre que el pasado mes de enero fue enviado a prisión por atacar a su esposa en Magallón (Zaragoza) y destrozar la vivienda familiar a martillazos acaba de pedir su puesta en libertad. En un escrito dirigido a la juez que instruye el caso, Wieslaw K., de 42 años, se compromete a pagar una fianza de 2.000 euros y a no pisar el municipio donde residen su mujer y su hijo de 16 años, a los que llegó a amenazar de muerte. El encausado estaría también dispuesto a que le colocaran una pulsera de seguridad para demostrar que no tiene intención de fugarse.

La titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Zaragoza no se ha pronunciado todavía sobre la petición, pero la víctima, Edyta T., de 40 años, ya le ha trasladado su “enorme temor” a que su todavía marido salga de prisión. “Creemos que ninguna de las medidas que propone garantizan la seguridad de esta mujer, puesto que el encausado ya ha demostrado que es capaz de saltarse una orden de alejamiento”, asegura Amparo Romero Pascual, abogada de la víctima. Y lo dice porque cuando se produjo el ataque, Wieslaw K. acababa de cumplir una medida cautelar que le impedía acercarse al pueblo.

La enorme violencia desplegada por este hombre, que tras destrozar la vivienda se atrincheró durante cinco horas en un piso para terminar agrediendo a un guardia civil, hizo que la juez de guardia decretara su ingreso en prisión sin fianza. Todo el pueblo de Magallón se volcó entonces con la vecina, hasta el punto de que el alcalde de la localidad, Víctor Chueca, se dirigió al delegado del Gobierno para pedirle mayor seguridad y agilidad a la hora de asistir a las víctimas.

Para la acusación particular, la pulsera de seguridad tampoco haría desaparecer el riesgo de reincidencia. “Porque puede saltar la alarma, pero hace falta ver cuánto tiempo necesita la Guardia Civil para intervenir. Cuando su marido asaltó la casa en enero, los agentes tardaron más de una hora en llegar”, recuerda la letrada de la mujer. Para esta, lo sucedido hace un mes “fue mucho más que un tema de daños”. “No fueron solo destrozos -un perito los ha valorado en más de 13.000 euros-, se produjo una agresión que mi cliente logró frenar usando un aerosol con gas pimienta. Lo llevaba porque tenía miedo y sabía que algo así podía suceder”, apunta.

“No existe riesgo alguno para la denunciante”

El abogado del detenido, Marco Antonio Navarro, no comparte el criterio de la acusación y asegura en el escrito dirigido a la juez que “no existe riesgo alguno para la parte denunciante”. Según este, la medida de prisión provisional que se acordó en su día es “totalmente desproporcionada”, ya que mantiene que no existe riesgo de fuga ni de reincidencia. “Que (el investigado) sea extranjero no es condición para que se tenga que poder fugar más fácilmente, ya que cualquier persona no tiene que ser clasificada por su lugar de nacimiento”, explica.

Para garantizar la seguridad de la víctima, el abogado recuerda que el marido residiría en el domicilio de unos amigos de Zaragoza y comparecería cuantas veces fuera necesario en el juzgado que instruye el caso. Se compromete además a aportar mensualmente un informe psiquiátrico del encausado “para acreditar que está y estará en tratamiento”.