El Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a no prorrogar la concesión de las autopistas que vencerán en los próximos, entre las que se encuentra la AP-2, que une Zaragoza con Barcelona y cuya explotación estará en manos de Abertis hasta el 31 de agosto de 2021. El objetivo es que el sector público asuma directamente su explotación, sin aclarar la fórmula ni quién deberá afrontar el millonario coste de mantenimiento, empezando por las ocho vías de peaje que terminan entre 2018 y 2021. Igualmente, exige no privatizar las autopistas de peaje que sean rescatadas por el Estado.

La iniciativa, defendida en el pleno por Unidos Podemos y finalmente pactada con ERC, recibió el respaldo de toda la Cámara Baja a excepción del PP, que optó por abstenerse, y por Foro Asturias, cuyo diputado fue la única formación en votar en contra. La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, no se pronunció sobre la fórmula de gestión y defendió que hará falta abrir un debate "caso a caso" y un estudio más pormenorizado sobre sus peajes para que no se produzcan precios abusivos ni discriminaciones entre autonomías.

En los próximos cuatro años, más de mil kilómetros de autopista de peaje de competencia estatal estarán en manos públicas. Unidos Podemos llevó la situación al pleno del Congreso para tener la confirmación del Gobierno de que no ampliará las concesiones por la "presión" que puedan ejercer las empresas propietarias. También buscaba limitar la posibilidad de que el Estado argumente que no puede asumir el coste de explotación por la necesidad de reducir el gasto público y suprimir el déficit, según se recoge en la exposición de motivos.

El PP comparte el espíritu de la iniciativa que al final salió adelante, aunque optó por abstenerse al negarse Unidos Podemos a incorporar su propuesta. Antes de que se iniciara el pleno, el portavoz popular, Rafael Hernando, presentó una enmienda que también contemplaba la no renovación de las concesiones, pero dejaba en manos del Gobierno la definición de "la fórmula de explotación que mejor convenga al interés general". La patronal del sector, Seopan, estima la  factura anual del mantenimiento en 450 millones.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya mostró a finales de 2017 su intención de no volver a ampliar los plazos de concesión de las autopistas, como sí hizo el Gobierno de Aznar con la AP-68 y la AP-2 a cambio de rebajar el importe del peaje. En el caso de la primera, la Vasco-Aragonesa, vencía en 2011 y se alargó hasta 2026, mientras que la segunda, Zaragoza-Mediterráneo, debía terminar en 2014 y se prolongó hasta 2021. De la Serna apuntó que las vías rápidas ahora sí pasarán a manos del Estado para, "en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas". Fuentes oficiales de Fomento mantuvieron ayer la misma tesis.

Autopistas rescatadas

La proposición no de ley exigía, además, al Gobierno renunciar "de forma explícita" a volver a privatizar las nueve autopistas quebradas y rescatadas, pidiendo paralizar los procedimientos de licitación ya iniciados. Se trata de las radiales de Madrid, el Eje Aeropuerto (M-12), la circunvalación de Alicante y las autopistas AP-41 (Madrid-Toledo), Ocaña-La Roda (AP-36) y Cartagena-Vera (AP-7). Anoche, en Onda Cero, el ministro reafirmó su intención de sacarlas de nuevo a licitación.