Los partidos plantean citar a más de 200 políticos y técnicos para investigar las depuradoras

La comisión de investigación constituida en las Cortes para depurar responsabilidades políticas en el diseño, ejecución y explotación del saneamiento de las aguas de Aragón podría llegar a citar a más de 200 políticos y técnicos relacionados directamente con los planes impulsados por la DGA desde 2001. Esto supone quintuplicar el cálculo inicial, con el que se preveía que los trabajos se alargarán medio año, por lo que los diputados se han citado a una nueva sesión dentro de dos semanas para intentar acotar las peticiones que ayer pusieron encima de la mesa.

La coordinadora, la podemista Marta de Santos, compareció este miércoles para explicar que los grupos parlamentarios deberán concretar ahora los criterios ante "tal volumen" de peticiones de comparecencias de políticos y técnicos y solicitudes de documentación que afectan a distintos organismos públicos.

Sin que haya "vetos", la pretensión es aligerar la lista de citaciones, para lo que se pretende fijar un tope temporal para retrotraerse en la planificación de los planes de depuración: la fecha hasta la que piensan remontarse en su investigación.

Marta de Santos explicó que caben tres hitos temporales: la aprobación del Plan Nacional de Depuración (1995), la de la Ley de Gestión del Agua y el plan de saneamiento y depuración (2001) o cuando salió adelante el plan especial de saneamiento (2004).

No obstante, la coordinadora de la comisión señaló que era "evidente" que se citará a la comisión a los responsables políticos de los planes de depuración, caso de los consejeros de Medio Ambiente, y los ministros que asumieron la financiación de las obras mediante convenio y cuyos fondos se desviaron para otras actuaciones.

También aludió a los directivos de las empresas públicas directamente relacionadas con su puesta en marcha, tanto el Instituto Aragonés del Agua, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Sarga y su predecesora, Sodemasa. También se pretende llamar a los miembros de las mesas de contratación, a las empresas adjudicatarias de las plantas, a los técnicos que las diseñaron y a los alcaldes que mantienen litigios. Eso sí, en función de la fecha a la que se remonte la investigación se podrá reducir el número de citaciones.

Además, la coordinadora de la comisión señaló que otra de las prioridades que tienen todos clara es la de que todas las personas llamadas a declarar puedan aportar "información relevante y no solo opiniones políticas". De ahí la importancia que dio a la hora de fijar "criterios homogéneos".

La pretensión inicial era acumular las comparecencias en una sesión mensual, de modo que se llegara al verano con la parte ardua finiquitada para disponer del parón veraniego para deliberar y así poder pactar un dictamen para el otoño. Toda esta previsión queda ahora en el aire y difícilmente se cumplirá salvo que se hagan más sesiones a lo largo de la primavera.

La constitución de esta comisión fue promovida por Podemos hace nueve meses tras publicarse un duro informe de la Cámara de Cuentas, que desveló que estaba previsto construir 1.153 plantas, de las que al cierre de 2015 solo había en servicio 255, con un coste de más de 3.200 millones financiados con el Impuesto de Contaminación de las Aguas.

El órgano fiscalizador cuestionó la decisión de privatizar el diseño, construcción y mantenimiento de las plantas, que ha cuadruplicado los gastos. Y advertía del riesgo de que Aragón tenga que devolver al Estado los 117 millones que entregó para las depuradoras del Pirineo no ejecutadas.