El Ministerio de Energía y Agenda Digital hará “algunas modificaciones” en el borrador del real decreto que pretende endurecer las condiciones de cierre de centrales térmicas como la de Andorra, en Teruel, como pretende Endesa, tras el informe emitido por la Comisión Nacional del mercado de la Competencia (CNMC). Esta entidad emitió la pasada semana un dictamen muy duro con el real decreto del departamento que dirige el Ministro Álvaro Nadal.

El Ministerio, de cualquier manera, continúa “firme” en su intención de “regular los cierres” de las térmicas y así lo comunicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, a los representantes del sector minero de UGT FICA y la Federación de Industria de CC. OO., con los que se reunió este martes en Madrid en la mesa del carbón. Y es que la supervivencia de la minería del carbón en toda España en general, y en la cuenca minera turolense de particular, en el futuro más inmediato depende, entre otras cosas, de que Endesa e Iberdrola no lleven a cabo su propósito de cerrar sus instalaciones térmicas en Teruel, Asturias y León, tal y como pretenden ambas compañías.

“El carbón aragonés

-actualmente Aragón es la región que más produce en España muy por delante de Asturias y Castilla y León-, es rentable porque es mucho más barato que el de importación, casi la mitad. En Aragón estamos en condiciones de sacar hasta 7 millones de toneladas de carbón al año”, explicaba el secretario del sector minero de UGT FICA Aragón, Francisco Montull, “pero necesitamos donde quemarlo”.

“Mantenemos la idea que regular los cierres”, aseguró Navia en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, “por la vía que sea necesaria. Si podemos por el real decreto iremos por esa vía porque es la más rápida, pero si tenemos que ir por otra vía iremos por otra vía, pero mantenemos la idea de que hay que regular los cierres y así se lo hemos comentado a los sindicatos, que estaban de acuerdo en ello”.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola y Endesa dejaran clara su intención de clausurar sus plantas de carbón de Lada (Asturias), Velilla (Palencia), Compostilla (León) y Teruel a partir del año 2020.

En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce "una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico".

El organismo estima que el real decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales, adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio de Energía, que anunció que buscará el apoyo “de otros grupos políticos y el mayor consenso para dificultar el cierre de las centrales térmicas”,  plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.

Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del sector eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el conocido como 'Paquete de Invierno'.

Cerca de 4.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos o inducidos podrían perderse con el cierre de la central térmica de Andorra. Igualmente, los gobiernos de Castilla y León, Asturias y Aragón buscan crear un frente común en defensa del sector del carbón y contra el cierre de centrales térmicas. Esta iniciativa se concretará en una reunión que mantendrán en febrero los tres presidentes autonómicos, Juan Vicente Herrera (PP), Javier Fernández (PSOE) y Javier Lambán (PSOE).

El ejecutivo central trabaja ya pues en la modificación del real decreto, que llevará a alguno de los próximos Consejos de Ministros, porque con la legislación actual “no podemos impedir el cierre de las centrales”, aseguró el secretario de Estado de Energía , Daniel Navia, “porque eso solo se podría hacer apelando a la seguridad de suministro y ese supuesto no se da en las centrales en las que está planteado el cierre”.

Por otro lado, los sindicatos mineros exigieron igualmente a Energía el cumplimiento del plan 2013-2018 y el mantenimiento del sector del carbón más allá del 31 de diciembre de 2018, cuando finalizan las ayudas públicas según la legislación europea, y toda explotación que quiera continuar extrayendo carbón deberá de devolver todas las subvenciones recibidas desde el año 2010.

“El carbón de Aragón es superrentable hoy en día y su precio es casi la mitad que el de importación”, aseguraron Francisco Montull y Antonio Montoyo, de UGT y CCOO Aragón, tras la reunión, “pero nos tienen  que dejar extraerlo y que se queme en las térmicas y por eso estamos luchando. Todos, Gobierno central y nosotros, tenemos que buscar apoyos políticos y el máximo consenso para lograrlo”. Sindicatos y Ministerio de Energía han elaborado un calendario de reuniones para los próximos meses con el fin de tratar de lograr la supervivencia para el sector en un año, éste de 2018, que se considera crucial para el mismo.

En la actualidad, en la cuenca minera de Teruel trabajan unas 250 personas extrayendo, sin ayudas públicas desde el año 2015, algo menos de 2 millones de toneladas anuales de carbón, que consume la central térmica de Andorra, aunque la capacidad extractiva real de la cuenca turolense se acercaría a los 7 millones de toneladas.