Varias autonomías, entre las que está Aragón, han iniciado una campaña para forzar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a convocarles a una reunión extraordinaria para aclarar el dinero con el que realmente van a contar este 2018. En el caso de Aragón, el consejero Fernando Gimeno, enviará a Montoro una carta con la petición formal de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y una propuesta de orden del día. El objetivo es que en esa reunión se aborde el pago de los 4.000 millones extra que deben recibir todas las autonomías este año. De estos, Aragón espera que le toquen 148 millones de euros.

Junto al movimiento del Gobierno aragonés, Cantabria anunció ayer que ya ha enviado una carta similar al ministro Montoro. Además, Extremadura, Valencia, Asturias y Andalucía, entre otras, también han impulsado diferentes medidas con el mismo objetivo: que el Gobierno central se vea obligado a desvincular de la aprobación de los Presupuestos del pago de los fondos extra de la financiación autonómica.

El Ministerio de Hacienda está dispuesto a convocar la reunión, aunque parece tener menos prisa. De hecho, Montoro no ha vuelto a convocar este órgano desde que está en aplicación el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y su intención es seguir así hasta que no haya un consejero catalán.

Votación en el Congreso

La presión de los consejeros autonómicos es una de las vías que se está utilizando para desbloquear este dinero, pero no la única. El Congreso debatirá en febrero una iniciativa para que se fuerce legalmente al Ministerio de Hacienda a hacer estas transferencias. Todo apunta a que la iniciativa se acabará aprobando, ya que cuenta con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Podemos, por lo que el PP se quedaría solo.

El argumento de Montoro para no transferir estos 4.000 millones es que –mientras los presupuestos de 2018 sean los prorrogados de 2017 y no unos nuevos– no tiene amparo legal para hacerlo. Sin embargo, la mayoría de los partidos y de las autonomías discrepan de que realmente la ley lo prohiba.

Según explican fuentes políticas, la motivación de Montoro para bloquear este dinero es doble. Por un lado, ha optado por repetir la estrategia que ya usó en 2017 de condicionar las finanzas de las autonomías para forzar a los partidos a que le aprueben los Presupuestos del Estado. El otro motivo por el que Montoro no cede es para favorecer el control del déficit. En el momento en que acceda, deberá dar a las autonomías 4.000 millones de euros, lo que implicará mayor gasto, situación que quiere impedir mientras sea posible.

El pulso que está librando Montoro con Aragón y las otras autonomías es solo una cuestión de calendario. No está en cuestión que las autonomías reciban ese dinero, sino que la pelea es por determinar cuándo sucederá.

La intención de Montoro es pagar los 4.000 millones cuando el Congreso de los Diputados apruebe los Presupuestos, lo que podría suceder en mayo o junio. El Gobierno ha explicado que tenía un acuerdo cerrado con Ciudadanos, pero argumentan que ahora habría añadido nuevas condiciones (la dimisión de una senadora) con el objetivo de retrasar la aprobación. El otro apoyo que necesita es el del PNV, que ya ha dicho que lo votará en cuanto se acabe la intervención en Cataluña.

Si falla, por decreto

Sin embargo, las autonomías confían en que el dinero pueda llegar antes de que se cumplan todos estos condicionante. Si la presión política funciona, la fórmula legal para conseguirlo es bastante sencilla: incluir el pago en un decreto ley específico. La fórmula sería similar a que sí ha aceptado usar el Gobierno central para dar amparo legal a la subida de los sueldos de los funcionarios en 2018.