José Ángel Oliván: "A la DGA solo le preocupa cuánto ingresará con el ICA"

Es secretario general de la Unión de Consumidores, uno de los colectivos que integran la RAPA, que lidera la oposición contra el impuesto del agua.

José Ángel Oliván, secretario general de la UCA, en una imagen de esta semana.
José Ángel Oliván, secretario general de la UCA, en una imagen de esta semana.
Raquel Labodía

¿Cómo valora el hecho de que haya 70.000 zaragozanos que no han pagado el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas?

Hablamos solamente de los dos primeros tramos de envío. El tercero, que comprende el Casco Histórico, la Margen Izquierda y el distrito de La Almozara, está todavía en plazo y tiene hasta el 20 de febrero para pagar. Con lo cual, si se da el mismo porcentaje de impagos nos podemos encontrar tranquilamente con que se supera la cifra de 100.000 hogares que no han pagado el ICA.

¿Qué ocurrirá entonces?

El Instituto Aragonés del Agua va a tener que volver a dirigirse a ellos –esta vez de forma correcta y no como lo ha hecho hasta ahora–, si realmente quiere continuar con el procedimiento. Tendrá que enviar cartas con acuse de recibo. A nosotros, todo esto nos parece una barbaridad. Cuanto antes se pare, mejor. A estas alturas, todos, excepto los más recalcitrantes dentro del Gobierno de Aragón, tenemos claro que esto no puede seguir adelante.

¿Qué propone?

La mejor manera de hacerlo bien es parar y resolver el problema con una alternativa razonable. Queremos que los aragoneses no paguen más que el resto de España por depurar sus aguas. Todas estas resistencias del Gobierno hacia la protesta ciudadana están perjudicando los intereses de la Comunidad Autónoma.

Pero la DGA ya ha dicho que no va a suprimir el ICA...

El Gobierno de Aragón está cometiendo un error muy grave: considerar todo este tema desde el punto de vista recaudatorio.

Si lo único que le preocupa es cuánto dinero va a recibir es que no está entendiendo nada. Aquí se trata de analizar un problema medioambiental, que es la depuración de las aguas; la forma de solucionarlo, que es el plan de depuración, y la forma de financiarlo. El mecanismo debe estar ampliamente consensuado. No tiene que ver con el presupuesto de 2017, 2018 o 2019, sino con los próximos 20 o 30 años.

Si se suprime el ICA, ¿de dónde se sacan esos ingresos?

Hay maneras de hacerlo. Si aceptamos esta primera premisa podemos sentarnos a discutir las alternativas. No obstante, si el planteamiento inicial es no tocar el impuesto del agua y recaudar lo mismo que hasta ahora es que no estamos entendiendo nada, ya que volvemos otra vez a la lógica de la recaudación. Este no es un problema presupuestario, es un problema mucho mayor.

En la mesa técnica dio la sensación de que no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo...

Con la composición de esa mesa va a ser imposible. Cualquiera que haya participado en una negociación sabe que suele haber dos niveles: uno en el que quienes pueden tomar decisiones fijan el marco, acuerdan los grandes elementos y establecen la estructura del acuerdo, y otro, de perfil técnico, en el que se afina y se ponen las condiciones. Aquí se ha empezado al revés. En lugar de comenzar por el nivel de decisión e impulsar una mesa en la que hubiera interlocutores con capacidad para tomar decisiones nos encontramos con técnicos que poco más que recibir nuestras propuestas y transmitirlas pueden hacer. Eso lo podíamos haber evitado. Esto demuestra que, tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno de Aragón y Podemos, se ha seguido la vieja estrategia de crear una comisión para aparcar el problema.

¿Cómo está viviendo la UCA estas últimas semanas?

Hemos tenido que contratar personal por la cantidad de gente que se ha acercado en las últimas semanas. Afortunadamente, contamos también con la colaboración de voluntarios. La situación ha terminado por desbordarnos. Recibimos llamadas no solo de Zaragoza. Hace una semana, por ejemplo, me pidieron desplazarme a Teruel para dar una charla sobre esta cuestión. Nos llama incluso gente de fuera de Aragón que tiene residencias en la Comunidad para preguntar cómo pueden presentar el recurso. La respuesta ciudadana está siendo espectacular.

Pero la DGA ya ha dicho que va a desestimar todos los recursos...

El Gobierno de Aragón parece no reconocer la contestación social que se está dando en Zaragoza. Este tipo de arrogancias de los responsables públicos, que dicen que los recursos no valen para nada y que los van a desestimar antes de conocer su contenido, supone tratar a los ciudadanos como súbditos. Es una manera mala de enfocar el problema.

Hay convocada una manifestación para el 4 de febrero, ¿qué ocurrirá al día siguiente?

No lo sé, depende del Gobierno de Aragón. Sí puedo adelantar que nosotros ya tenemos listas las siguientes acciones. Hemos preparado una estrategia de meses. Tal y como vemos la situación, la reacción de los ciudadanos, lo implicados que están con este tema, seguiremos adelante. Lo haremos desde el punto de vista de la movilización, pero también desde el de las acciones administrativas y legales que se puedan adoptar a raíz de las decisiones que vaya tomando el Gobierno de Aragón respecto a los recursos y al impuesto del agua.

De este tema también se hablará en las Cortes si la comisión que plantea el PP sale adelante...

Los partidos políticos, a excepción del PSOE y quizá CHA, parecen tener claro que este tema hay que resolverlo cuanto antes. Se debe de llegar a un acuerdo, pero no a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, que en este caso no es el interlocutor. El interlocutor son los aragoneses.

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