Prácticamente todas las empresas aragonesas cuentan con un servicio de atención al cliente que incluye una dirección postal a la que remitir las quejas y un teléfono para atender a los consumidores, en línea con lo que exige el decreto publicado en 2016 por el Gobierno de Aragón.

Así lo confirman desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, que llevó a cabo el año pasado una inspección para comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma autonómica.

"La campaña –explicó la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo– ha arrojado resultados satisfactorios. En la primera fase, de carácter informativo, se visitó a 884 empresas (659 en Zaragoza, 100 en Huesca y 125 en Teruel) y se vio que el 71,13% de los establecimientos cumplían con los controles". "En la segunda fase, dirigida a comprobar que se habían subsanado las deficiencias encontradas, se comprobó que el 98,38% de las empresas cumplían ya con los requisitos que establece el decreto de 2016", dijo Cihuelo.

Este decreto obliga a los establecimientos a disponer de una dirección postal (que puede ser la del propio comercio), un número de teléfono de tarificación básica y una dirección de correo electrónico, para que los usuarios puedan formular sus consultas y reclamaciones. Estos tres elementos son los que definen el servicio de atención al cliente. Según la nota de prensa remitida por la DGA, se ha comprobado que el 99% de las empresas disponen de dirección postal y de teléfono. El 95% ofrecen, además, un correo electrónico.

Hojas de reclamaciones

En cuanto al nuevo formato de hojas de reclamación, la directora general de Protección de Consumidores apuntó que, en la fase de información, solo el 40% de los establecimientos visitados disponían del formato actualizado. La cifra se elevó hasta el 98% en la segunda fase de la inspección. "A partir de ahora, los servicios provinciales de Ciudadanía y Derechos Sociales comprobarán que las empresas cumplen con la obligación de dar respuesta a las reclamaciones en el plazo máximo de un mes", avanzó Cihuelo. Además, la inspección de Consumo controlará que las empresas y profesionales cumplimenten el registro de reclamaciones atendidas.