Una familia de cuatro miembros con un piso de 100 metros cuadrados en propiedad, coche, teléfono fijo, conexión a internet y cuatro móviles necesita en una ciudad como Zaragoza más de 4.000 euros al año para pagar sus gastos básicos e impuestos. Así lo revela un reciente estudio de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que estima que un hogar de estas características precisa de unos 350 euros al mes para funcionar.

La mayor parte del gasto se va en la factura del teléfono. Tener ADSL o fibra óptica y cuatro líneas contratadas puede hacer que el recibo supere los 100 euros al mes y ascienda a más de 1.400 al cabo del año. Aunque la cuantía tiende a aligerarse al contratar el ‘pack’ con una compañía, las últimas subidas han hecho que el bolsillo se haya resentido.

Gastos como estos se notan especialmente en meses como enero, cuya famosa cuesta se ha agravado este año para los hogares de Zaragoza que han recibido el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). La UCA estima que este tributo, que varía en función del consumo de agua, podría acarrear este año un gasto de 80 euros de media, ya que al margen de la factura de 2016, que incluye una bonificación del 70%, queda la de 2017, que vendrá con una rebaja del 60% en Zaragoza.

Quienes tienen domiciliado el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) también abonan este mes una parte (el resto se paga en abril y septiembre). La UCA estima que por un piso de 100 metros cuadrados, garaje y trastero se pagan al año unos 400 euros, aunque la cuantía varía en función de los valores catastrales de cada zona. Ha de tenerse en cuenta, asimismo, el impuesto de circulación, que asciende, según el estudio de la Unión de Consumidores, a 137 euros.

Cuestión aparte es la tarifa de aguas, basuras y depuración, que suma 588 euros –a razón de 49 euros al mes, de media– al presupuesto que necesita cada año una familia de estas características.

Agua, luz y gas se llevan nada menos que 2.000 euros al año, la mitad del presupuesto necesario para ‘levantar la persiana’. Aunque los importes varían en función del contrato que se tenga, solo para abonar el gasto eléctrico se necesitan unos 950 euros.Este año, además, habrá que hacer un esfuerzo extra, ya que la factura ha vuelto a subir, esta vez por los mayores costes de generación.Este incremento se une al registrado en 2017, momento en que el recibo aumentó cerca del 10% por factores como la sequía.

El gas (o en su caso, la calefacción) suma otros 530 euros al año. Si se divide entre los 12 meses, la factura sale a 44. No obstante, el frío invierno hace que el gasto se dispare durante los meses más crudos del año, circunstancia que hace que la cuesta de enero sea más empinada si cabe.

Más gastos fijos

A todo esto hay que añadir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También el alquiler o la hipoteca, que disparan el montante que los hogares pagan cada mes.Estos, aclaran desde la UCA, son importes medios, por lo que habrá persona que paguen más y otras que paguen menos. Todo depende de la potencia contratada, los megas de conexión a internet, etc.

Fernanda Blanco, presidenta de la Unión de Consumidores de Aragón, admite que, por lo general, afrontar estos costes se ha vuelto "más complicado con la crisis". "Los sueldos son más bajos y hay una mayor inseguridad laboral", subraya. El problema, según explica, está en que "los gastos fijos siguen subiendo de precio". "Se trata de un incremento que no guarda relación con los salarios. Tampoco con el incremento del IRPF", dice.

Blanco reconoce que, pese a la mejoría, "muchas familias siguen teniendo dificultades para abonar todas sus facturas". Aunque las administraciones autonómicas y municipales proporcionan ayudas en casos de emergencia, "preocupan especialmente" aquellas personas que sí tienen ingresos pero no pueden hacer frente a todos sus gastos.

En su opinión, existe "cierto malestar" a este respecto, factor que explica la contestación social que está generado en Zaragoza el cobro del ICA, contra el que ya se han presentado más de 20.000 recursos, o la oposición que se ha encontrado el Impuesto de Sucesiones, contra el que se han recogido más de 100.000 firmas. Aunque el Gobierno de Aragón ha defendido en multitud de ocasiones la necesidad de mantener el nivel de ingresos actual para costear los servicios públicos, ambos tributos se encuentran actualmente en fase de revisión.

El Ejecutivo autonómico tiene intención de modificar el impuesto del agua para que sea progresivo medioambientalmente y haga pagar más a quien más contamine. Tampoco se descarta introducir modificaciones para ayudar a quienes no tienen una renta suficiente. No obstante, colectivos como la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y partidos políticos como Podemos o Zaragoza en Común exigen directamente su derogación.

En cuanto a Sucesiones, el Gobierno de Lambán se ha comprometido a analizar aquellos casos "excepcionales" que producen "efectos perversos", para lo que ha encargado un informe.

Las consecuencias

La presidenta de la UCA sostiene que el hecho de no poder pagar los gastos básicos (o hacerlo con dificultades) está teniendo consecuencias. "Los jóvenes tardan más en emanciparse, los mayores permanecen en el hogar... La situación sigue siendo complicada", admite. Aunque aquellas personas que carezcan de recursos "pueden intentar negociar con las compañías o buscar las mejores ofertas", esta no es siempre una solución útil, ya que las familias "se arriesgan a atarse a un contrato que le obligue a permanecer un tiempo con la empresa".