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Aragón

Los zaragozanos pagan al año hasta un 50% más que la media española por la depuración

Un estudio de la Red de Agua Pública de Aragón sostiene que el ICA ha disparado la factura

Vista de la depuradora de La Cartuja, que el Ayuntamiento de Zaragoza financió en solitario.
Vista de la depuradora de La Cartuja, que el Ayuntamiento de Zaragoza financió en solitario.
G. Mestre

Los zaragozanos podrían estar pagando hasta un 50% más que la media española por el metro cúbico de agua. Así lo denuncia la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) en un informe que analiza el coste de la depuración en otras comunidades autónomas. La RAPA estima que, en Zaragoza, un hogar de tres personas paga alrededor de 1,01 euros por metro cúbico, mientras que en España se abonan 67 céntimos de media. En el conjunto de la Comunidad, el dato asciende hasta los 1,08 euros.

 

La comparación con Valencia, Baleares, Cantabria, Asturias o Navarra, regiones con un modelo equiparable al de Aragón, hace que ni Zaragoza ni el conjunto de la Comunidad salgan especialmente bien paradas. Esto se debe, explican desde la RAPA, al coste del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y al hecho de que, en el caso de Zaragoza, haya que sumar la cuantía que se abona al Ayuntamiento por la depuración. Al empezar a pagar el ICA, dicen, "el coste de la depuración se ha incrementado en un 74,5%", porcentaje que sitúa a Zaragoza "en el segundo puesto del ranquin nacional".

Las diferencias entre unas regiones y otras hacen que en Aragón se paguen 142,19 euros por 132 metros cúbicos depurados al año, consumo que la RAPA toma como referencia para un hogar de tres miembros. En Valencia, en cambio, se abonan 103,09 euros y en Baleares, 94,31. Por debajo estarían Cantabria (91,14 euros), Asturias (88,71) y Navarra (78,80).

Aragón, en cualquier caso, no es la única Comunidad que está por encima de los 67 céntimos que marcan la media nacional. En Valencia, el coste por metro cúbico ronda los 78 céntimos y en Baleares, los 71. En el otro extremo están Navarra (60 céntimos), Murcia (57) y La Rioja (50). Extremadura, con 27 céntimos de media, cierra el ranquin nacional.

La Red de Agua Pública denuncia que la cuota fija del ICA, "la más alta de España", asciende en Aragón hasta los 5,09 euros al mes (61,14 euros al año), mientras que Cantabria se queda en los 2,18 euros mensuales y en Baleares, en los 3,99. Esto evidencia, en opinión de la RAPA, "el afán recaudatorio del Gobierno de Aragón". Sobre todo, dicen, teniendo en cuenta el grado de ejecución de las infraestructuras de la Comunidad.

Sus integrantes creen que "no existen razones objetivas" que justifiquen que los zaragozanos, al igual que los aragoneses, paguen más que la media de España por su consumo doméstico. La DGA, no obstante, defiende que Zaragoza es la tercera ciudad que menos paga por el recibo del agua. Para afirmarlo se basa en un estudio de Facua que sitúa a la capital en este puesto de honor. La RAPA, sin embargo, sostiene que el informe al que alude elGobierno de Aragón "no tiene en cuenta el ICA" y que es al sumar el impuesto del agua cuando se dispara la factura.

"Consideraciones especiales"

Pese a la controversia, la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad insiste en que "pagar el ICA en Zaragoza no es pagar dos veces por lo mismo". En este sentido, el titular de Hacienda, Fernando Gimeno, defendió ayer que Zaragoza pagará menos por el recibo de 2016 que los pueblos de Aragón, algo que también ocurrirá en 2017, ya que existe una bonificación que oscila entre el 70% y el 60% en función del ejercicio que aparece en la factura.

Aseguró, por otra parte, que cambiar el impuesto por una tasa como propone la RAPA "no tiene ni pies ni cabeza". "Las tasas son para mantener los servicios, que son una competencia municipal. Las comunidades autónomas y la Unión Europea lo que quieren es un impuesto. Es lo más justo y solidario", manifestó. Tanto el consejero de Desarrollo Rural como el de Hacienda aseguran que el ICA pretende incentivar "que no se contamine", si bien Gimeno se abrió ayer a hacer "consideraciones especiales" para aquellas personas que no tengan una renta suficiente. Se trata, según admitió, de una cuestión "que hay que resolver".

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