Los últimos delitos protagonizados por menores en el País Vasco han hecho saltar las alarmas. Dos jóvenes, de 14 y 16 años, asesinaron a un matrimonio de ancianos en Bilbao. Unas semanas antes, otros dos (de 13 y 14 años respectivamente) causaban la muerte a un exjugador del Amorebieta. Además, en Baracaldo, cuatro jóvenes han sido acusados de agresión sexual. De momento, en Aragón no se ha registrado un aumento generalizado de delitos cometidos por menores; aunque sí que existen casos puntuales. Según los últimos datos publicados en la memoria de la Fiscalía, en 2016 se registraron un total de 1.711 diligencias previas contra menores; una cifra similar a la de los años anteriores. "Aragón no tiene altos índices de criminalidad. De hecho, es una de las comunidades en las que se registran menos casos. Esto puede estar relacionado con la educación que reciben por parte de su familia y por la prevención que se hace en la escuela y en otros espacios", destaca Antonio Balsa, jefe del Área de Atención al Menor en Conflicto Social del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

No obstante, entre 2014 y 2016 se ha percibido un aumento de los delitos relativos a la libertad sexual y de los relacionados con la seguridad vial. En 2016 (último dato disponible), hasta 27 menores de edad abusaron sexualmente de una persona. Hace dos años se contabilizaban menos de la mitad de casos. Esta tendencia al alza también está patente en las agresiones sexuales, que han pasado de 11 a 14 en el mismo periodo. Por su parte, la conducción sin permiso es la infracción al volante que más se repite entre los menores. Según los últimos datos de la Fiscalía, en 2016 se cometieron 59 delitos de este tipo, más del doble que en 2014, cuando se produjeron 26. Además, hasta cuatro menores fueron condenados por conducción temeraria y uno por circular bajo los efectos del alcohol o las drogas. Este último es el primer suceso contabilizado en tres años.

Asimismo, 2016 fue el año de los robos con violencia o intimidación, con 231 detenciones; unas 60 más que en otras ocasiones. La explicación se encuentra en que en aquel momento había una banda de jóvenes delincuentes que actuaba los fines de semana en el Casco Histórico de Zaragoza. Este grupo, formado principalmente por menores, se dedicaba a agredir y robar a las personas que iban por la calle, especialmente, si caminaban solos o en pareja. Las zonas de acción preferidas eran las vías que desembocan en la calle Alfonso, aunque también llegaban al entorno de la catedral de La Seo. La madrugada era el momento perfecto para actuar.

Por el contrario, estos años se ha registrado un ligero descenso de los robos con fuerza. En concreto, se ha pasado de 188 detenidos en 2014 a 144 de 2016. Esta misma tendencia se observa en la violencia doméstica protagonizada por menores de edad, ya que en 2016 se anotó la cifra más baja de estos últimos años. Aún así, un total de 125 chavales fueron acusados de este delito. "Estos casos son bastante comunes y en 2017 se evidencia un aumento. La sociedad parece que está más conciencia y los denuncia más", explica Balsa.

Más de la mitad de las sentencias condenatorias tienen como medida correctora la libertad vigilada. Esta apuesta ha ido en aumento en los últimos años (ha variado de 189 a 269 en dos años) en detrimento de la permanencia en la vivienda o en un centro durante el fin de semana (solo hubo uno en 2016 frente a los 48 de 2014) y de los trabajos en beneficio de la comunidad. Aunque estos siguen siguen siendo la segunda opción más repetida: en 94 casos durante 2016. "Excepto en circunstancias muy graves, raramente se les priva de la libertad. El objetivo es que reconduzcan la situación y puedan hacer una vida normal. Por ello se apuesta por trabajos a la comunidad u otras medidas educativas", puntualiza.

El Área de Atención al Menor en Conflicto Social nació hace 25 años y desde entonces más de 7.000 jóvenes han realizado trabajos a la comunidad como parte de su multa. Cuentan con la colaboración de distintas sentidas sociales, centros de tiempo libre y ayuntamientos para llevar a cabo estos trabajos. "Somos un grupo de 16 educadores cuyo objetivo es dar un contenido educativo a todas las medidas impuestas tras la comisión de un delito", sostiene. En el caso de que sea una infracción leve y que el menor no tenga antecedentes, su labor es mediar para llegar a un acuerdo extrajudicial. "El 40% de los delitos los resolvemos de este modo", puntualiza. Así, se pone en marcha un proyecto educativo individualizado y se trabaja tanto con el menor como con su familia y el resto de su entorno. Además, si el joven ha ocasionado unos desperfectos o un daño de otro tipo, también se llega a un acuerdo para subsanarlo.

Más menores de 14 años

Del total de 1.738 delitos cometidos por menores de edad en 2016; casi el 30% (496) fueron llevados a cabo por jóvenes con menos de 14 años y, por lo tanto, no pudieron ser juzgados. Este dato es el más elevado de los dos últimos ejercicios, en los que se ha incrementado un 25%. La Ley Orgánica 5/2000 es la que prohíbe que con estas edades sean imputables. Además, el Ministerio Fiscal debe remitir el caso a la entidad pública de protección de menores, que deberá de promover las medidas de protección adecuadas.

En ese momento, entran en juego los servicios sociales. Para este cometido, el Área de Atención al Menor en Conflicto Social se subdivide en dos departamentos: el dedicado a jóvenes de entre 14 y 18 años y el Equipo Educativo para Menores de Catorce (EMCA), un sistema pionero, que ha sido trasladado a otras comunidades autónomas. Este grupo permite reorientar a los chavales, realizar un control de sus actividades y ejercer una labor preventiva.