La reconversión de los juzgados de la plaza del Pilar, bloqueada por la falta de negociación

Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza siguen sin cerrar un acuerdo sobre los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. El Ejecutivo autonómico ha incluido en el presupuesto del área de Ciudadanía un total de dos millones de euros para acondicionar las instalaciones y trasladar allí la sede de la Consejería. Lo ha hecho, no obstante, sin el ‘sí’ del Consistorio zaragozano, que reclama la reversión de los 25.000 metros cuadrados del inmueble cedidos de forma gratuita para levantar los juzgados.

Las partes alcanzaron un acuerdo verbal en 2017, pero nunca llegaron a formalizarlo. De hecho, fuentes del Gobierno de Aragón confirman que el Ejecutivo y el Ayuntamiento "no se han vuelto a reunir" en los últimos meses. No lo han hecho pese a que el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, instó en noviembre a firmar un acuerdo en el plazo de un mes.

El compromiso inicial estipula que el Ayuntamiento renuncia al derecho de reversión de los terrenos que ostenta. A cambio, obtendría la cesión de uso del 55% del edificio ubicado en el número 2 de la plaza del Pilar. La intención es combinar usos administrativo por las mañanas con otros de corte "cultural y de ocio" por las tardes.

La DGA prevé reagrupar la sede de Ciudadanía y Derechos Sociales y todas las direcciones generales (entre las que figuran Consumo, Participación, Igualdad y Familias). También la gerencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la dirección provincial del IASS y la sede del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). El Consistorio, por su parte, tiene intención de instalar allí un centro cívico para el Casco.

Las negociaciones, explican desde el Ejecutivo autonómico, han quedado pausadas a la espera de que ambas instituciones aprueben sus presupuestos (el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha ratificado los suyos, pero el Gobierno de Aragón no lo hará hasta febrero).

Los trámites, en cualquier caso, sí han avanzado. El día 8, el Departamento de Ciudadanía sacó a concurso a través del BOA la redacción de la segunda fase, presupuestada en un millón de euros (la primera salió en noviembre por la misma cantidad).

El contrato, que contempla un importe neto de 93.941 euros, se centra en la redacción del proyecto básico y de ejecución de la reconversión de los antiguos juzgados. El plazo para presentar ofertas, según figura en el BOA, termina a las 14.00 del 31 de enero.

Fuentes de Ciudadanía aseguran que el traslado del Departamento no requerirá de grandes obras, de ahí que el objetivo sea tenerlas acabadas de cara a final de año. Recuerdan, asimismo, que hasta allí se trasladarán 500 funcionarios y que se esperan "hasta 140.000 visitas al año".

Muñoz, por su parte, confirma que el acuerdo está "políticamente bloqueado", ya que en este tiempo únicamente ha habido conversaciones informales. "No es por diferencias sobre los usos, no sabemos a qué se debe", admitió. Aunque en su día se dijo que este asunto iba ligado a otros de carácter patrimonial para los que se quería buscar una solución global, el concejal considera que vincular este proyecto a otros sería "una irresponsabilidad".

El Ayuntamiento prevé retomar los contactos con la DGA "una vez que tenga presupuesto". "Entonces habrá que decidir si hacemos o deshacemos", apuntó, al tiempo que recordó que Ciudadanía no podrá hacer nada hasta no tener el ‘sí’ del Consistorio.

ZEC tiene la sensación de que Hacienda, con quien ha negociado, le ha estado "dando largas" desde mayo, mes en que el Ayuntamiento remitió al Ejecutivo la propuesta de convenio. Sobre todo teniendo en cuenta que los servicios de arquitectura de ambas instituciones "llegaron a hacer planos conjuntos". "Se planteó la posibilidad de crear un gran salón de actos conjunto en las antiguas salas de vistas, ya que teníamos las mismas necesidades, pero en diferentes horarios", señaló.