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Aragón

¿Quién revisa los libros de texto?

Los equipos docentes de cada centro tienen independencia para elegir los materiales y recursos para impartir cada asignatura.

Libros de texto almacenados en una librería de Zaragoza para la campaña escolar
Libros de texto almacenados en una librería de Zaragoza para la campaña escolar
Aránzazu Navarro.

La detección en los últimos días de alusiones a esa Corona catalano-aragonesa que nunca existió en dos volúmenes de Literatura e Historia de España que utilizan los alumnos de instituto lleva a preguntarse: ¿Quién revisa los libros de texto? Aunque los docentes, con libertad para elegir el material y la forma de impartir su asignatura parecen los garantes últimos de la veracidad de sus contenidos, la responsabilidad se reparte entre los diferentes actores que participan tanto en el proceso de crear un volumen educativo como en su uso en las aulas.

Desde el año 2000 los volúmenes que llegan a las manos de los estudiantes ya no necesitan, como antes, una autorización previa del Ministerio. Además la Ley Orgánica de Educación (LOE), que entró en vigor en 2006, introdujo una disposición adicional por la que se fija que “la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente Ley”.

Desde la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), su presidente, José Moyano, explica que, básicamente, deben cumplir tanto la ley educativa como los reales decretos sobre contenidos curriculares, órdenes ministeriales y decretos de las Administraciones educativas en sus respectivos desarrollos autonómicos. Además, por supuesto, de atenerse a los preceptos de la Constitución.

“Nosotros somos los más interesados en que no haya ningún error”, afirma Moyano, que pone voz a una treintena de editoriales que representan el 90% de la facturación del sector. Para que un nuevo libro llegue hasta los alumnos se suceden una serie de etapas en las que intervienen diferentes áreas y profesionales de una editorial.

Una vez aprobados los contenidos desarrollados por los autores, se revisan y modifican, si es necesario, por el equipo editorial, además de contar incluso con especialistas externos en cada materia y de cada comunidad autónoma al que vaya dirigido el material.

El papel de los docentes

Una vez en el mercado, cada centro y cada profesor tiene autonomía para elegir los recursos que va a utilizar a la hora de impartir su asignatura, bien con volúmenes editados, con apuntes propios o a través de las nuevas tecnologías. “Los departamentos elegimos los libros de texto en función de los criterios pedagógicos y solo pedimos una continuidad de cuatro años para que las familias no tengan que comprarlos nuevos cada curso”, explica el presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Aragón, Fernando Mur.

En el caso de las últimas falsedades históricas denunciadas, Mur reconoce que en los dos años que llevan en las aulas ambos libros es seguro que algún maestro se percató de ellas y las corrigió en clase alertando a sus alumnos. “Hay inexactitudes de todo tipo que no trascienden y que se rectifican en el día a día con los estudiantes. Muchas de ellas se descubren cuando los textos se trabajan en profundidad”, apunta. Asimismo reconoce que en estos momentos hay una “mayor sensibilidad” hacia las tergiversaciones históricas que afectan a la Comunidad.

En este sentido, la consejera de Educación del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, rompió una lanza hace unos días en favor de los docentes y achacó la mayor parte de estas “manipulaciones históricas” a las editoriales.

Alta Inspección Educativa

Por otra parte, también existe la posibilidad de que el Gobierno español urja a la Alta Inspección Educativa del Estado a que revise los libros de texto que se utilizan en las escuelas. En su artículo 27, la Constitución estableció que los poderes públicos debían inspeccionar el sistema educativo haciendo un reparto competencial: a las comunidades les correspondía la inspección ordinaria y al Estado la "alta inspección".

Esta competencia del Estado es bastante desconocida y había caído en el olvido. De ella se habló cuando el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, anunció en mayo del año pasado que le había encargado un informe sobre los libros de texto de Cataluña tras una denuncia presentada por un sindicato de profesores catalán en relación a planteamientos ideológicos partidistas y tendenciosos. En Aragón, Ciudadanos ha pedido que se active ante los últimos casos de manipulaciones históricas.

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