El actual déficit de facultativos, sobre todo de médicos de Familia y Pediatría, se convirtió el año pasado en el "azote del sistema sanitario público". Así lo asegura la asociación El Defensor del Paciente en su memoria de 2017, en la que cita a Aragón como una de las comunidades donde más se ha dejado sentir esta carencia que, subraya, ha puesto en "serios aprietos" la asistencia sanitaria en hospitales periféricos, como son los de Teruel, Calatayud, Alcañiz y Barbastro.

De hecho, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, pidió en el último Consejo Interterritorial en el que están presentes todas las autonomías (celebrado en noviembre del año pasado), que se tomasen medidas urgentes para solventar este problema. A raíz de este encuentro, se ha creado un grupo de trabajo que está analizando la situación y proponiendo soluciones.

El informe de esta entidad, que centraliza en Madrid las reclamaciones de toda España, se hace eco de la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón de ampliar voluntariamente la edad de jubilación de los facultativos a los 67 años. Acerca de ella, critica que se vuelve a poner de manifiesto que el Ministerio de Sanidad "no pinta nada" dejando las soluciones en manos de las comunidades autónomas. Entiende que las mejores soluciones deben pasar, por este orden, por la estabilidad laboral, la retribución económica y el incremento de plazas MIR de especialidades deficitarias a través de oferta de empleo público.

Listas de espera en números rojos

Además, El Defensor del Paciente estima que esta carencia de galenos es el principal problema que ha agravado las listas de espera. En relación con estas, invita al Gobierno de Aragón a hacer "autocrítica", por basar su gestión en el aumento de las privatizaciones, los autoconciertos y las peonadas. "Esto encarna una estrategia encubierta para maquillar los números a costa de derivaciones a centros privados", asegura en su informe esta entidad, que preside Carmen Flores.

Según este balance, 2017 se cerró con 20.000 pacientes aragoneses pendientes de una operación, lo que supone un descenso de un 30% respecto a 2016 cuando había 26.000. Traumatología. Neurocirugía, Cirugía Pediátrica y Cirugía Plástica son las especialidades que mayores prórrogas acumulan. Estas cifras coinciden con las publicadas por el Salud. En total, a 30 de noviembre de 2017 había 19.042 aragoneses pendientes de una intervención, de los que 1.735 llevaban esperando más de seis meses.

La asociación calcula, asimismo, que los aragoneses tienen que esperar una media de más o menos 99 días para someterse a una intervención, ligeramente por debajo de la media nacional de 101 días. Un guarismo que está muy lejos de los 182 días de demora que se recogen para los habitantes de Canarias, pero también de los solo 49 que hay en La Rioja. En este ranquin, Aragón ocupa el puesto noveno de las 17 comunidades autónomas.

El Defensor del Paciente también se encarga de recibir y estudiar las quejas y reclamaciones por posibles negligencias médicas. De los 13.893 casos atendidos de todo el país, 317 llegaron desde la Comunidad aragonesa (frente a las 344 reclamaciones que se registraron en 2016). La provincia de Zaragoza suma 241; la de Huesca, 59 y la de Teruel, 17. Principalmente, las quejas se han centrado, como viene siendo habitual, en las listas de espera, las urgencias y los servicios de Cirugía General, Ginecología y obstetricia y Traumatología.

De estas 317 quejas, unas 40 terminaron en un expediente administrativo contra el Salud por errores médicos y otras 10 en denuncias por negligencia en la vía penal. No obstante, el abogado de esta entidad en Aragón, Ricardo Agoiz, estima que en 2017 se tramitaron en total alrededor de 120 expedientes contra el Salud (100 en Zaragoza y los 20 restantes entre Huesca y Teruel) con una bajada de un 10% en los que atañen a la provincia zaragozana y, sobre todo, a la capital aragonesa.