Aragón llevará la nueva ley de Contratos al TC y avisa de que daña los servicios públicos

Quita competencias a Aragón, amplía aún más el tiempo que se tarda en tramitar algunas licitaciones que afectan a los servicios públicos autonómicos o municipales, crea nuevos órganos de control de contratación que chocan con los que ya existen y además, relega expresamente a Aragón respecto al País Vasco y Navarra. La nueva ley de Contratos del Estado –que se aprobó en el Congreso tras una larga tramitación con más de 1.300 enmiendas diferentes– podría estar acaparando competencias de Aragón y la DGA estudia ya recurrirla ante elTribunal Constitucional.

Fuentes oficiales han confirmado que el Ejecutivo aragonés ha enviado un requerimiento al Gobierno central para pedirle que abra una negociación con el objetivo de cambiar o suprimir parte del contenido de la ley. El requerimiento –que es el paso previo para que Aragón lleve esa ley ante elTC– está ahora a la espera del Gobierno central, que tiene que decir si acepta la negociación o no. Todo apunta a que no lo hará, o si lo hace será solo como una maniobra para ampliar los plazos. Así, como tarde en septiembre, el proceso ahora iniciado acabará como un recurso de inconstitucionalidad promovido por Aragón contra la nueva ley de Contratos. De momento, no hay constancia de que otras autonomías hayan iniciado el trámite, pero es previsible que algunas de las socialistas lo acabarán haciendo.

El principal problema de esa ley para Aragón es exclusivamente competencial. La Constitución ampara que las Comunidades –y entre ellas Aragón y no solo País Vasco y Navarra, como apunta esta ley– tienen competencias para regular la contratación pública. Mientras, la Carta Magna deja para el Estado exclusivamente la capacidad de fijar el marco "básico". Sin embargo, la nueva ley tiene más de 300 artículos, en los que, según la interpretación que hace la DGA, en vez de fijar los principios básicos de contratación a partir de los cuales las Cortes de Aragón podrían fijar el modelo propicio para la Comunidad, es tan detallada como un reglamento. Esta situación deja a Aragón –Comunidad con larga tradición en esta materia– sin espacio para su propia regulación.

A esta circunstancia hay un problema añadido. Como también denuncia la DGA, la ley deja a Aragón en una situación "inferior" a otras dos autonomías con régimen civil foral, como son Navarra y País Vasco.

Esta evidencia refuerza el recurso que promueve la DGA. La norma aprobada por el Congreso incluye dos disposiciones adicionales para matizar que todo lo que regula "se llevará a cabo sin perjuicio de lo dispuesto" en la ley del Concierto Vasco y en la del Amejoramiento navarro. Esta previsión se repite además a lo largo del articulado. Sin embargo, no hay ni una sola mención a que los Estatutos de Autonomía de Comunidades también con derechos forales reconocidos, como es el caso de Aragón, prevalecen sobre esa norma estatal.

Otro de los argumentos que destaca Aragón ante el Gobierno central es el exceso de órganos de control que permite crear, lo que puede generar una disparidad de criterios considerable en el momento de valorar una adjudicación. En Aragón ya hay un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Este órgano –que por ejemplo ha anulado recientemente la ampliación del servicio Bizi de Zaragoza al detectar que el Ayuntamiento la había tramitado de forma "ilegal– tiene competencia sobre todas las administraciones que hay en la Comunidad.

Sin embargo, la nueva ley permite "a los municipios de gran población" y a las diputaciones provinciales "crear un órgano especializado" que "ostentará la competencia para resolver los recursos". De materializarse, permitirá que en Aragón, además del tribunal autonómico, haya otros cuatro que aborden la misma materia.