La DGA no incluye en los presupuestos el pago de 40 millones de la autopista autonómica

Los presupuestos de Aragón para 2018 inician el lunes su tramitación parlamentaria con un agujero superior a los 40 millones de euros. Este es el coste mínimo estimativo de la autopista autonómica (ARA A-1) que debe asumir el Gobierno de Aragón tras su quiebra y la posterior liquidación de la concesionaria, oficializada el año pasado por un juez. Sin embargo, la coalición de Gobierno PSOE-CHA no ha incluido los fondos necesarios para afrontar el pago, por lo que habrá que modificar las cuentas nada más se aprueben, el 28 de febrero.

La explicación oficial es que no se ha notificado esta abultada factura a Hacienda y, por tanto, no se ha generado una obligación de pago que justifique incluir la dotación económica en las cuentas.

No obstante, la DGA es más que consciente de que le tocará pagar la ruinosa autopista y, por ello, ya ha previsto que la partida destinada a la ARA-A1 sea una de las que dispongan de crédito ampliable.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza abrió hace dos meses la fase de liquidación de la concesionaria de la autopista, participada por Acciona, Brues y Arascón, tras la negativa de los bancos a aceptar su propuesta de convenio, que pasaba por una quita del 50% de la deuda.

La resolución dio por vencidos los créditos concursales y resolvió el contrato, cuya consecuencia directa es que la titular de la ARA A-1, la DGA, deberá afrontar la deuda, en torno a los 40 millones. Los pliegos del concurso establecían una responsabilidad patrimonial de la Administración del 90% y ahora toca pactar un perito entre las partes para que establezca el importe exacto a pagar.

El único dinero que figura en el presupuesto son los dos millones para el abono del peaje en sombra que, en función del número de vehículos que transitan, paga la Administración a la concesionaria desde que se abrió al tráfico a mediados de 2008.

Este pago corresponde a Vertebración del Territorio, que reconoce que las estimaciones de tráfico de la ARA A-1 no se cumplen y que, por tanto, "se ha iniciado el procedimiento de liquidación". No obstante, en la Consejería de Hacienda insisten en que aún no existe una obligación de pago, por lo que cuando se oficialice se verá "cuándo y cómo se resuelve". "No vamos a dar por supuesta ninguna cifra económica, porque podemos estar o no de acuerdo con la valoración que se haga", añadieron.

No obstante, restaron importancia a este agujero al asegurar que no habrá "problemas financieros" para pagar lo que corresponda. "Se generará la modificación presupuestaria necesaria para pagar, aunque aún hay que ver si será este año", explicaron.

Desde Vertebración del Territorio señalaron que el dinero no saldrá de su sección, ya que supondría recortar más de una cuarta parte de los fondos que cuentan para este año. Con los 142,8 millones no solo se debe mantener la red autonómica de carreteras, sino sostener la política social de vivienda e impulsar un sector clave como es el turístico. "Este pago no corresponde a Vertebración y desde un principio se asumió que Hacienda debe afrontarlo. No hay dudas al respecto", añadieron fuentes oficiales de la Consejería.

Advertencias por escrito

El propio administrador concursal de la concesionaria, José María Carnicer, llegó a la conclusión en 2015 que la autopista estaba "abocada a su disolución y liquidación", salvo un acuerdo entre las partes que nunca llegó. Y lo sostuvo con el argumento de que el déficit por la falta de tráfico podría ser estructural y no debido a la crisis, como se ha confirmado.

En esta línea, la interventora de la DGA, Ana Gómez, ya advirtió el año pasado en su informe sobre las cuentas de 2017 de que la concesionaria estaba en concursos de acreedores y que de no formalizarse un convenio concursal (como así ha sucedido), acabaría en liquidación y la consiguiente resolución del contrato. "La consecuencia más perjudicial para la Administración es la obligación de pagar a la concesionaria la responsabilidad patrimonial por la recuperación de la infraestructura, lo que puede suponer un importante desembolso, que se puede cifrar en unos 35-38 millones", señaló.