La agria polémica que se generó hace unos meses cuando el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón decidió enviar una carta a los alumnos matriculados este año en los centros educativos de la Comunidad parece haber llegado a su fin. La Agencia Española de Protección de Datos envió a principios de diciembre un escrito a Fecaparagón, la federación de asociaciones de padres y madres de la enseñanza concertada, en la que le comunicaba que no se va a iniciar ningún procedimiento administrativo contra el Departamento de Educación, ya que no considera que haya cometido una infracción administrativa al utilizar los datos personales de los alumnos aragoneses para enviar las mencionadas cartas.

Con el escrito, Protección de Datos responde al requerimiento hecho desde Fecaparagón, que en noviembre le envió una escrito informándole del malestar que había generado en la comunidad educativa de Aragón el envío de las cartas y le pedía que aclarara si Educación podía haber hecho un uso ilegal de los datos privados de los alumnos incumpliendo la Ley de Protección de Datos.

No abrirá expediente

La Agencia, basándose en la legislación vigente, argumenta que el envío de las misivas no es una actuación contraria a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). "En el presente caso –dice textualmente– nos encontramos ante una comunicación realizada a los alumnos de enseñanzas obligatorias de Aragón por parte de la Administración responsable de la gestión educativa en la Comunidad Autónoma de Aragón y de la que dependen los centros en los que se encuentran matriculados, informándoles de aspectos vinculados con la gestión educativa. Estamos ante una comunicación que, por tanto, no supondría un tratamiento de datos ajeno a las competencias y capacidades de la Administración denunciada, ni supondría, por tanto, una actuación contraria a la LOPD".

Hay que recordar que la polémica surgió tras el envío de Educación a los alumnos de unas cartas con un contenido diferente dependiendo de si estaban matriculados en un centro público o concertado.

En el primer caso, se les recordaba el compromiso del Departamento con la educación pública y se les informaba del esfuerzo inversor que se estaba realizando. Las misivas enviadas a los alumnos de la concertada informaban de los fondos públicos con que se financiaba a cada colegio y se recordaba la no procedencia del pago de cuotas extras.

El escrito fue muy mal recibido por las ampas de la enseñanza concertada que consideraron que la intencionalidad del mismo no era informativo sino "ofensivo", según explicó en su día Miguel Ángel García Vera, presidente de Fecaparagón.

En la página web de la asociación, donde está colgada la respuesta de Protección de Datos, Fecaparagón insiste en su opinión de que la carta "no fue correcta" por la diferenciación que se hizo entre los alumnos de la red pública y de la concertada y porque considera que este tipo de información debe dirigirse a las familias y no a los alumnos.