Una devolución sin la influencia del 155

Cuando acabamos el año 2016 todavía estaba caliente la admisión a trámite por parte de un Juzgado de Rubí (Barcelona) de una demanda presentada por el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida, en la que se les pedía a las monjas de Sijena 258.000 euros en concepto de ‘conservación y mejora’ de los 44 bienes que allí se encontraban, aunque finalmente se acabó desestimando. Pero hay que tener muchos ‘arrestos’ para pedir esa cantidad de dinero, en primer lugar, porque esos 44 bienes se los había llevado del monasterio de Sijena el mismo obispo que nos dijo en 1970 que "se los llevaba para que nadie los pudiera robar". En segundo lugar, porque cualquier museo (que lo sea de verdad) está obligado a conservar todo lo que guarda en su interior. Y, en tercer lugar, porque después de la devolución del pasado 11 de diciembre (un poco más de un año después ) se ha comprobado que las obras en cuestión se han cuidado más bien poco y que estaban simplemente almacenadas, excepto las 7 expuestas en las que el escáner nos aclarará qué cuidados recibieron.

He oído de todo en los días posteriores al 11-D, pero hay algo que quisiera desmentir. Se ha repetido mucho por parte de algunas voces no afines a nuestra causa que "en 1969 las monjas se tuvieron que marchar porque eran muy mayores y en Sijena no se había invertido nada". Tengo que decir que las dos últimas fallecieron en los años 1999 y 2000, respectivamente, o sea 30 años después, y la priora, Angelita Opi, murió años antes.

En cuanto a la inversión en el monasterio, en la década de los sesenta, se aprobaron por la Dirección General de Bellas Artes cuatro partidas de 400.000, 1.000.000, 1.500.000 y 2.000.000 de las antiguas pesetas y se restauró el templo, parte de los arcos del claustro y se desescombraron estancias con limpieza de albañiles hasta la alcantarilla principal. Mucho dinero para la época que echa por tierra esos argumentos.

A principios del mes de febrero de 2017 asistimos al juicio paralelo que nos hizo una TV de Cataluña sobre los bienes de Sijena. En ese programa, yo personalmente mostré a cámara documentos importantes presentados en el juzgado sobre pagos no ejecutados, pero fueron ocultados para que nadie los pudiese conocer, ya que hubiesen sido un escándalo en Cataluña. Por el contrario, aparecieron por primera vez unas cantidades de pago atribuidas a las compras de los años 1983, 1992 y 1997, certificadas en 2017, y que además los letrados catalanes nunca presentaron en los juzgados. Unos papeles que los manifestantes portaban pegados a sus pancartas frente al Museo de Lérida el día 11-D, detalle que da idea de su autenticidad.

Desde nuestro Ayuntamiento, apoyándonos en la ley de Transparencia 19/2013, solicitamos al Gobierno catalán en el mes de marzo que nos facilitara las copias de dichos certificados para comprobar la autenticidad de los mismos. Un derecho al que se nos contestó de forma negativa el 27 de junio, otro detalle de autenticidad.

De todas formas, el 30 de noviembre, la Audiencia Provincial de Huesca dijo en su pronunciamiento que "debería de haber constancia de que la compradora pagó el precio, que es algo que ni siquiera se deduce a través de los propios contratos de compraventa". Y es que no se podía deducir porque en el juzgado no presentaron ningún justificante de pago ni transferencia alguna.

Me gustaría también salir al paso de esas otras voces que han dicho que la última devolución había sido posible gracias al artículo 155 de la Constitución. Ese artículo solamente hizo que el ministro de Cultura sustituyese al consejero de Cultura de Cataluña. ¿Qué habían hecho los anteriores responsables de la Generalitat? Santi Vila devolvió 51 de las 97 piezas el 26 de julio de 2016; y Luis Puig no devolvió nada. Méndez de Vigo, como consejero de Cultura catalán gracias al articulo 155, hubiese podido ordenar la vuelta de las piezas. Entonces, igual alguien podría entender que se ha aprovechado el ‘momento’. Pero la realidad fue que el ministro convertido a consejero catalán no lo hizo y se tuvo que ejecutar la providencia del juez tal y como la dictó: "Dispongo que se proceda a la entrega de los bienes identificados en la presente causa según la planificación dispuesta por el Gobierno de Aragón el lunes 11/12/17".