Diferentes entidades defensoras de la sanidad pública en Aragón han emprendido acciones judiciales contra los sucesivos gobiernos y consejeros de Sanidad por "el ataque privatizador" que supuso la creación del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Casar) en 2006.

Una fecha desde la que más de veinte colectivos llevan esperando información sobre las cuentas públicas de la empresa de colaboración público-privada con el fin de realizar una auditoría ciudadana y que "reiteradamente" les ha negado el Gobierno de Aragón, según David Ubico, uno de los denunciantes, en rueda de prensa.

Entre los presuntos delitos por los que se acusa a los dirigentes sanitarios se encuentran el de prevaricación administrativa, el de corrupción en los negocios, delitos societarios por mala gestión, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, todos ellos de forma provisional y a la espera de las investigaciones pertinentes.

La creación en 2006 de este consorcio para agrupar los centros sanitarios de Jaca, Tarazona, Ejea, Fraga y la Mutua MAZ se considera desde estas plataformas como una forma de "privatización encubierta de la sanidad", puesto que su constitución está próxima a la época de recortes en inversión pública en España, según ha puntualizado otro denunciante, Alberto Andrés.

Andrés ha añadido que esta colaboración público-privada en sanidad comenzó en los territorios anteriormente citados, pero con aspiraciones de extenderse por el resto de la Comunidad.

Con todo, los denunciantes pretenden demostrar que el CASAR y las gestiones público-privadas en materia de sanidad son "experimentos privatizadores, que saquean y descapitalizan" la sanidad pública.

Este "experimento", han dicho, "ha sido un fracaso", pues el CASAR acabó en quiebra en 2014 y tuvo que incorporarse al Servicio Aragonés de la Salud, y "solo ha dejado pérdidas y una deuda de millones de euros por el oscurantismo de su gestión que ahora ningún gobierno quiere asumir", ha señalado otro de los denunciantes, Aurelio Martín.

Los portavoces de los colectivos sociales, políticos y asociaciones vecinales denunciantes han declarado que quieren "paralizar este modelo privatizador" y han reiterado una vez más su apuesta por la sanidad pública "bien gestionada".

Entre estas entidades se encuentran la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, el sindicato CGT, la Plataforma contra la privatización de la Sanidad de Aragón y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).