Sijena ve "ridículo" vincular a la Orden de Malta con la devolución de los bienes

El abogado de Villanueva de Sijena rechaza que la Orden de Malta sea la propietaria de Sijena cuya titularidad ostenta la Orden Sanjuanista.

Las especialistas Laura Asín –derecha– y Ana Armillas, junto a la predela del retablo de la Piedad.
Los técnicos examinan las obras de Sijena pieza a pieza para evaluar su estado
Gobierno de Aragón

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena cree que el grupo del PDeCAT en el Congreso hace un "espantoso ridículo" al vincular la devolución de los bienes de su monasterio a la pertenencia del ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, a la Orden de Malta, a la que atribuye la propiedad del cenobio.

Con esta afirmación, el letrado de este municipio, Jorge Español, responde a una de las preguntas al Gobierno formuladas por el diputado de PDeCAT en la Cámara Baja por Lérida Antoni Postius.

El abogado, para quien la pregunta "debe resultar ofensiva para el honor y la buena fama" de Méndez de Vigo, rechaza, asimismo, las sospechas planteadas en otra pregunta que relaciona la devolución de los bienes con el hermano del ministro, vicepresidente de la referida orden maltesa.

Español subraya, además, que la Orden de Malta no es la propietaria del Real Monasterio de Sijena, cuya titularidad ostenta la Orden Sanjuanista que habitó el edificio.

Rechaza, por otra parte, que el ministro de Educación y Cultura llevara a cabo la iniciativa del procedimiento de devolución en función de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ya que la intervención de las piezas se hizo por la fuerza y sin su intervención.

Una intervención con el auxilio de la fuerza pública que, según el letrado, se hizo sin la participación del ministro, "sin perjuicio de las responsabilidades que eventualmente pueda o no tener no haber dado el mismo cumplimiento a la sentencia".

En relación a otra pregunta en la que el diputado del PDeCAT solicita datos referidos a los posibles elevados costes de la operación policial diseñada para llevar a cabo la intervención de los bienes, el abogado destaca que la respuesta "nos vendrá de perlas, pues, en la tasación de costas, habrá que incluir y cargar a la Generalitat el coste de la costosa operación desplegada".

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