El Gobierno de Aragón ha cerrado tres residencias de mayores más y ya son una veintena en los dos últimos años. El Gobierno de Aragón ha procedido a la clausura de estos centros de mayores tras intensificar las inspecciones por el incendio del centro de Santa Fe, en el que murieron nueve personas en julio de 2015.

Según informaron fuentes del Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales, el cierre de estas instalaciones está motivado por no cumplir las prescripciones del plan de regularización iniciado en 2016 y no adaptarse a la normativa en materia de incendios, evacuación y medidas de seguridad, entre otras cuestiones. Aunque fuentes de la Consejería no han concretado el número de ancianos afectados por la clausura de estos centros, han hecho hincapié en que normalmente son las familias las que buscan otra ubicación a estas personas y si hay algún problema en ese sentido, la Administración les ofrece una alternativa.

A raíz del incendio de la residencia de Santa Fe y las inspecciones que se llevaron a cabo en 2016, los técnicos detectaron anomalías en 45 centros. Muchos de estos carecían de autorización para funcionar como residencias, pero cumplían con los requisitos  exigidos por lo que se les ofreció la posibilidad de regularizarse y adaptarse a la normativa. Sin embargo, ya en 2016 fueron cerradas 14 residencias y 5 estaban pendientes de corregir las deficiencias. Así, este año a este listado se han sumado seis instalaciones más, tres en los últimos meses.

Actualmente, hay alrededor de 225 centros de mayores autorizados en la Comunidad aragonesa. El año pasado se llevaron a cabo más de 270 inspecciones, lo que se traduce en una media de casi una por día. En ese sentido, desde el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales aseguraron que se siguen cumpliendo con las previsiones contempladas en el Plan de Inspección. A través de este no solo se vigilan las condiciones de seguridad, sino también la atención ofrecida a los residentes. Los técnicos del Gobierno de Aragón actúan conjuntamente con los de  Consumo, Salud Pública e Inspección Farmacéutica.

El presidente de la Asociación de Centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón (Acassa), José Ángel Fuentes, considera que esta labor inspectora es "necesaria" para garantizar y mejorar la calidad asistencial que se ofrece a los mayores de la Comunidad aragonesa. Reconoce que todavía queda mucho por hacer y que hay otras comunidades más "avanzadas" en esta materia, pero hace hincapié en que el Gobierno de Aragón  ha dado un paso muy importante en estos dos últimos años. De hecho, explica que aunque quedan algunas residencias por adaptarse a la normativa, la Administración está controlando y supervisando que estos centros se ajusten a la normativa. De hecho, se les da un plazo para que se adapten a estos requisitos. "Todos tenemos que trabajar para ganar calidad, porque esto nos lleva a una mejora asistencial", señala el presidente de la entidad de residentes privadas de Aragón, José Ángel Fuentes.

"Mucho por hacer"

Por su parte, la Plataforma para la Defensa de las Personas Mayores de Aragón agradece la labor inspectora y de control que la DGA ha impulsado en estos dos últimos años, pero asegura que queda "mucho por hacer". La entidad asegura que ha pedido en repetidas ocasiones a la Administración que los centros de mayores cumplan los pliegos de condiciones para garantizar la calidad asistencial de los mayores atendidos. "Hablamos, por ejemplo, de que se respeten las ratios de personal por persona atendida", recrimina María Luisa García, portavoz de esta Plataforma, que además censura que la Administración no actúe de manera más rápida cuando se detecta alguna anomalía y permita seguir dando servicio "cuando hay personas que están viviendo en las instalaciones".