El despliegue de la Guardia Civil en la provincia, en entredicho

Los trágicos sucesos ocurridos en las últimas semanas en Albalate del Arzobispo y Andorra han desatado la polémica sobre si el despliegue de la Guardia Civil en la provincia es suficiente o no. La plantilla provincial, de 620 agentes, está por debajo del ‘catálogo’ o dotación teórica de Teruel en 100 agentes y es tachada de "claramente insuficiente" por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Sin embargo, el subdelegado del Gobierno, José María Valero, la considera "adecuada", aunque reconoce que los años de la crisis la han erosionado.

La escasez de plantillas y su dispersión ha provocado un drástico recorte de horarios de atención al ciudadano en todos los puestos. Quince cuarteles –la mitad de los existentes– ya solo abren sus puertas un día a la semana en horario de 9.00 a 14.00; otros, tres días; y Calamocha y Mora de Rubielos, cabeceras de compañía –el segundo nivel en importancia tras la Comandancia de Teruel–, todos los días salvo los fines de semana. Alcañiz también abre en horario de mañana los sábados y domingos y solo la Comandancia tiene personal permanente en la entrada.

La reorganización horaria, aplicada desde el pasado marzo, obliga en caso de una emergencia a llamar al número de teléfono 062, que canaliza las llamadas al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia en Teruel para que, desde allí, se dé una respuesta. La solución más rápida consiste en contactar con la patrulla más cercana y derivarla al lugar de la incidencia.

Desde sindicatos agrarios, ayuntamientos, comarcas y partidos políticos reclaman una mayor dotación y que, al menos, se cubran las plantillas teóricas. La AUGC va más lejos y considera que para una correcta cobertura de la provincia serían necesarios, al menos, 900 guardias. Afirma que la escasez de personal, además de mermar la eficacia policial, tiene graves consecuencias laborales, como horarios que superan la jornada establecida, la imposibilidad de acceder a cursos de especialización y la difícil conciliación con la vida familiar.

El portavoz de la AUGC, Cristóbal Soria, afirma que 2016 fue el momento en el que la carencia de efectivos fue "más dramática", con un mínimo de 570 agentes desplegados en los 32 puestos de la provincia. Valero señaló que en 2017 la plantilla empezó a remontar con la llegada de 30 agentes, 20 de ellos en prácticas.

La limitación de las plantillas obliga a organizar la vigilancia mediante ‘núcleos operativos’ que agrupan a tres o cuatro puestos y que se encargan de la seguridad sobre el terreno. En cada una de estas demarcaciones hay siempre, al menos, una patrulla de servicio, lo que, en caso de una incidencia, puede suponer desplazamientos de hasta 80 kilómetros para llegar al lugar del suceso, una circunstancia que resta inmediatez a la respuesta.

El estado de los cuarteles es, en general, bueno o aceptable gracias en gran medida a la colaboración económica de la Diputación Provincial, menos en los casos de Utrillas y Ariño, cerrados por ruina y que han sido sustituidos por oficinas provisionales. El sindicato AUGC también plantea dudas sobre la calidad de parte del equipamiento a raíz del crimen de Andorra, en especial de los chalecos antibalas.

Los responsables políticos se aferraban a la baja criminalidad de la provincia, con 19 denuncias por cada mil habitantes, pero el sangriento crimen del pasado día 14, que costó la vida del ganadero andorrano José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero a manos del pistolero serbio Norbert Feher, ha hecho saltar por los aires las estadísticas y el discurso oficial sobre la provincia más tranquila del país.