Gimeno se abre a expropiar parte del patrimonio inmatriculado por la Iglesia

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aseguró ayer que la Iglesia Católica tiene inscritos a su nombre más de 1.751 bienes en Aragón y se abrió a expropiar aquellos que no estén suficientemente bien cuidados. Lo hizo durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes solicitada por Podemos.

Allí recalcó que el Gobierno de Aragón no aceptará ninguna inmatriculación si hay dudas sobre la propiedad. Sobre todo si están en suelo público. "Hemos actuado en esta línea en casos como el de la iglesia de Santa María de Iguácel. La Diócesis de Jaca intentó inmatricularla, pero la actuación de la comunidad autónoma lo impidió", apuntó. El problema, admitió, es que al Ejecutivo le es "prácticamente imposible" probar la propiedad de estos bienes.

Gimeno subrayó que en total podrían ser "muchos más", dado que 21 de los 43 registros de la Comunidad (13 de ellos de Zaragoza capital) aún no han proporcionado información alguna. Aunque descartó reclamar la propiedad de la Seo –paso que sí dio Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital–, sí se abrió a estudiar casos "puntuales y concretos". "Nuestra obligación es defender el interés público y social", afirmó, al tiempo que aclaró que, de seguir adelante, el Gobierno de Aragón "no tomará ninguna decisión de carácter general", sino que, estudiará cada caso "de forma pormenorizada".

El Ejecutivo, señaló Gimeno, podría entonces "ver qué responsabilidad se exige a quienes tendrían que haber protegido estos bienes y no lo han hecho o decidir qué acciones ejercita para garantizar esa protección". Como ejemplo puso las iglesias del Pirineo, tesoros que, en ciertos casos, muestran un "mejorable" estado de conservación.

No obstante, los plazos para oponerse a estas y otras inmatriculaciones, marcados por la ley hipotecaria, también juegan en contra, de ahí que el consejero instase ayer al resto de grupos a presentar una proposición no de ley que reclame al Gobierno de España una modificación que pare el reloj y permita abordar el proceso "con mayor tranquilidad".

Antes, en todo caso, el Ejecutivo autonómico tendría que "definir sus prioridades" desde el punto de vista económico, ya que, pese a que según Gimeno los bienes de la Comunidad "merecen eso y mucho más", llevar a la Iglesia ante los tribunales o iniciar las expropiaciones conllevaría una serie de gastos que podrían frenar las intenciones del Gobierno.

Dudas y críticas en la oposición

Para el diputado popular Antonio Suárez, no ha lugar a debate. "Estos bienes han sido siempre de la Iglesia, nos guste o no nos guste. Si hay algún título que demuestre lo contrario se presenta y se combate", aseveró. Para la podemista Amparo Bella, en cambio, casos como el de la Seo evidencian que hay que actuar, ya que las inversiones realizadas "no repercuten en el erario público".

Por su parte, el PAR criticó que el Ejecutivo hable de los bienes inmatriculados y "no del patrimonio del Gobierno de Aragón que se está cayendo". Ciudadanos preguntó a Gimeno si estaría dispuesto a reclamar por vía judicial y el Grupo Mixto recalcó la "enorme dificultad" existente para desmentir el título de propiedad, aspecto que genera "frustración".