Méndez de Vigo permite a la Generalitat recurrir la orden judicial de entrega de los bienes de Sijena y pide más tiempo
Los letrados aragoneses aseguran que la acción no conlleva la suspensión del mandato judicial.
La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso contra la orden judicial que fija el 11 de diciembre como fecha tope para la entrega de las 44 obras de Sijena retenidas en el Museo de Lérida.
El recurso, que está firmado por el jefe de lo contencioso del Gabinete Jurídico de la Generalitat, insiste en la imposibilidad de cumplir con el plazo fijado y además, considera "insuficiente" y "nulo" el plan de traslado aportado por el Gobierno de Aragón.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo ha vuelto a insistir este jueves en que estos procesos requieren "tiempo" sin mencionar el recurso, que, supuestamente, debería haber autorizado. De hecho, tras la aplicación del artículo 155, es el nuevo titular de la consejería catalana de Cultura.
En su recurso, el letrado catalán señala que la providencia del juez "ha sido notificada con efectos de 5 de diciembre y, si contamos los días festivos en que nos encontramos, da un día hábil para proceder a la entrega voluntaria".
"Dicho plazo es, a todas luces, insuficiente en sus mismos términos y, al mismo tiempo, obvia totalmente las cautelas que el Ministro había ordenado cumplir para poder proceder la entrega voluntaria de los bienes", añade. Así, insiste, "el plazo de un día hábil para entregar voluntariamente las piezas es un término de imposible cumplimiento y, al mismo tiempo, falto de cualquier motivación razonable, obviando la necesaria motivación de las resoluciones judiciales que es inherente a las mismas".
El recurso de reposición de la Generalitat ataca además al fondo y las formas de la providencia judicial, llegando a señalar que el magistrado incurre en "contradicción" y deja en "indefensión" a la parte ejecutada. Por todo ello, pide la suspensión cautelar de la orden de entrega de las obras.
Asimismo, expone que el plan de trabajo y traslado aportado por el Gobierno de Aragón "es, a todas luces, insuficiente", recalcando que solo tiene "página y media", y además, pide su nulidad, señalando que "no está firmado, no existe constancia alguna de quien lo emite, ni el órgano del que proviene". También considera que su aceptación supone una sustitución de funciones y deja en "indefensión" a los ejecutados.
Según los letrados aragoneses, el recurso de reposición no acarrea la suspensión de la orden judicial y por lo tanto, se mantiene el mandato del magistrado de requisar y trasladar las obras el próximo lunes.
