Cerca de 1.500 personas denuncian otra vez la "violencia fiscal" que grava las herencias

Alrededor de 1.500 personas desafiaron este domingo las gélidas temperaturas y el cierzo reinantes en Zaragoza para volver a protestar por los impuestos que gravan las herencias: el autonómico de Sucesiones y Donaciones y el municipal de la plusvalía.

Esta tercera concentración de la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, que ha vuelto a dejar patente su poder de convocatoria, cambió su escenario habitual de la plaza el Pilar por la entrada del Pignatelli, sede del Gobierno aragonés. Allí han responsabilizado directamente de esta situación al presidente de la Comunidad, Javier Lambán, contra el que se han lanzado gritos pidiendo su dimisión.

Le reprocharon que se ha quedado «solo» en el ámbito nacional una vez que Andalucía y Asturias han aumentado el límite a partir del cual debe tributarse por herencia y Extremadura aplica una bonificación del 99% en la cuota del impuesto. No faltaron los abucheos contra el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve.

En medio de un ambiente festivo, con jotas con letras alusivas compuestas y grabadas para la ocasión por Oscar Badía, se escucharon consignas como «Si mantienes sucesiones, perderás las elecciones», «Menos sucesiones y mejor gestión», «Gobierno de Aragón, cumple con la Constitución» y «Aragón dice no a la violencia fiscal».

Los asistentes portaban las cartulinas convertidas en manoplas por los organizadores exigiendo la supresión de estos gravámenes. Otros alzaban carteles de fabricación casera en los que podía leerse «Robar a los muertos es de miserables».

El colectivo agotó los 600 silbatos que trajeron y con los que al final de la movilización le dedicaron una sonora pitada de casi cinco minutos al presidente del Ejecutivo autonómico. Recogieron unas 1.340 firmas, lo que puede dar una idea del número de participantes, y fue necesario cortar el tráfico en el paseo de María Agustín durante un rato.

Por la «supervivencia política»

Sobre la postura que mantiene la DGA, el vicepresidente de Aragón Stop Sucesiones y uno de sus portavoces, Miguel Ángel Ramos, le afeó a Lambán que «se ha puesto en manos de la extrema izquierda» para sacar adelante el presupuesto de 2018 y que será en 2019, año ya preelectoral, cuando anuncie cambios.

Acerca del acuerdo de las Cortes para elaborar y presentar en cuatro meses un estudio que valore el impacto de este gravamen, lo calificó de «tomadura de pelo». Esta semana quieren reunirse con representantes de los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos. Exigió también su eliminación a nivel nacional.

Ramos recordó que cerca de 10.000 aragoneses declaran Sucesiones pagando una media de 20.000 euros cada uno y que otros 4.000 «repudian» su herencia por no poder abonar estos tributos.

Arancha Gracia puso rostro a este «expolio» y contó su caso micrófono en mano. Relató que en 1983 su padre tuvo que pagar 600.000 pesetas de las de entonces para conservar la casa familiar y en 2015, al fallecer la abuela, otros 24.000 entre Sucesiones y la plusvalía. «Están penalizando el trabajo y los ahorros de las familias aragonesas», concluyó su intervención.

Como presidente de Aragón Stop Sucesiones Francisco Langa, lanzó en su alocución pública un mensaje muy claro de cara a la próxima cita con las urnas: «Nuestra asociación no apoyará en las próximas elecciones a ningún partido político que no se posicione en contra de estos impuestos y lo refleje en su programa electoral de forma precisa y expresa». Tras casi nueve meses de andadura ya han recogido más de 130.000 firmas. Langa aseguró que siguen su campaña con el ambicioso objetivo de lograr tantas como votos obtuvo el ganador de los últimos comicios.

Lambán: «El 90% no paga»

El presidente de Aragón, Javier Lambán, también se refirió a este polémico impuesto. Lo hizo a la misma hora en que se convocó la concentración y a solo unos metros del Pignatelli. «Estoy convencido de que, como mínimo, el 90% de estas personas no están afectadas por el impuesto de Sucesiones», aseguró, al tiempo que instó a los manifestantes a utilizar el simulador creado por el Gobierno de Aragón. «Si introdujeran sus datos, se encontrarían con una agradabilísima sorpresa», dijo.

La campaña del Ejecutivo no acabó ahí. En redes sociales, la DGA destacó que los 150 millones que se recaudaron en 2016 se destinaron «a infraestructuras educativas, al Ingreso Aragonés de Inserción, al Plan de Alta Tecnología o al operativo antiincencios».