El TSJA avala que la Universidad San Jorge pueda seguir impartiendo Magisterio

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado una sentencia que avala que la Universidad San Jorge pueda impartir los grados de Educación Infantil y Primaria. En el fallo, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, el tribunal desestima el recurso presentado conjuntamente por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huesca en julio de 2015 contra la modificación decidida en febrero de ese mismo año por el Gobierno de Aragón (PP-PAR) que anulaba la prohibición, que regía hasta entonces, de que pudieran duplicarse grados universitarios en la Comunidad.

Con esta sentencia se pone punto final (los demandantes han anunciado que no recurrirán el fallo ante el Supremo) a un conflicto que enfrentó hace ahora dos años a los campus de la Universidad de Zaragoza (entidad pública) con la Universidad San Jorge.

Este centro privado había anunciado en esas fechas su intención de impartir Magisterio en sus instalaciones de Villanueva de Gállego cuando los citados grados de Educación (en sus ciclos de Infantil y Primaria) se estaban dando ya en las facultades públicas de las tres provincias aragonesas.

Un acuerdo del Ejecutivo de Rudi había anulado, en febrero de 2015, el acuerdo aprobado tres años antes que establecía los requisitos que guiarían la programación de las enseñanzas universitarias oficiales de la Comunidad durante el periodo 2012-2015. En dicho acuerdo se incluía un punto en el que se recogía la prohibición de duplicar formación académica en la Comunidad. La DGA anulaba ese punto y autorizaba que la Universidad San Jorge pudiera impartir Magisterio (tanto en sus ciclos de Infantil y Primaria, como en castellano e inglés).

Esa decisión causó gran malestar tanto a la Universidad de Zaragoza como a las instituciones públicas de Huesca y Teruel, que consideraron que con esta decisión se perjudicaba a los campus periféricos. A lo largo de ese verano se convocaron numerosas protestas y se anunciaron recursos judiciales contra la decisión del Ejecutivo PP-PAR.

Finalmente, solo la DPH y el Ayuntamiento de Huesca materializaron sus amenazas y acabaron presentando un contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados. Desde el Ejecutivo que salió de las urnas en julio de 2015, la nueva consejera de Universidad, Pilar Alegría, solicitó un informe jurídico interno para saber a qué atenerse. El dictamen reflejó que el acuerdo adoptado por el Gobierno de Rudi se ajustaba a derecho, por lo que no lo recurrió.

En la sentencia del TSJA dictada ahora, el tribunal rechaza el argumento de que la modificación recurrida perjudica al campus de Huesca e insiste en que "tampoco sería esta razón y argumento suficiente", dado que "no es posible limitar el ejercicio de una actividad económica por terceros, fundada en la protección de un competidor desde instancias públicas, con el fin de evitar potenciales efectos económicos perjudiciales para este".

El rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, recibió ayer con satisfacción la sentencia. "Ratifica lo que venimos defendiendo desde hace ya varios años: que a la Universidad San Jorge le ampara la legalidad y la legitimidad para configurar su propia oferta académica, sin estar supeditada a otras universidades", explicó.

"En el caso de los grados de Educación, que implantamos hace ya tres años –dijo–, se ha demostrado que el gran impacto negativo sobre los estudios del campus de Huesca pronosticado por algunos sectores en modo alguno se ha producido". "El aumento de la oferta que supuso la aparición de estos grados no solo no ha mermado al sistema universitario aragonés, sino que al ofrecer más oportunidades lo ha hecho crecer", aseguró. El rector de la USJ mostró su deseo de que en el futuro se "eviten disputas innecesarias" y ambas universidades puedan trabajar juntas.

Por su parte, la Diputación de Huesca anunció que no recurrirá la sentencia, ya que existen otros dos procesos judiciales abiertos, uno en la Audiencia Nacional y otro en el Tribunal Supremo, derivados de un acuerdo y una norma aprobados por la Comunidad Autónoma.

"Esos procesos resolverán el fondo de la cuestión, más allá del caso concreto de Magisterio en Huesca, que es el que motivó la intervención de la Diputación", señalaron fuentes del gobierno de la DPH.

Aunque la sentencia desestima su recurso, valoraron positivamente el reconocimiento que hacen los tribunales de su competencia para intervenir legalmente en cuestiones universitarias. "Se nos reconoce como una parte legitimada porque se entiende que es un asunto de interés provincial", añadieron.

Pendientes de dos contenciosos más en Madrid

La reciente sentencia del TSJA resuelve el contencioso planteado por el derecho o no de la Universidad San Jorge a impartir los grados de Magisterio (Infantil y Primaria). Pero el conflicto por la duplicidad de titulaciones universitarias en Aragón está aún lejos de ver una solución definitiva: todavía hay pendientes otros dos procesos judiciales en Madrid con el mismo fondo.

Hay que recordar que el Ejecutivo de Lambán aprobó un acuerdo en octubre de 2015, dos meses después de llegar a la DGA, en el que volvía a reintroducir la prohibición de duplicar grados (punto anulado por el Gobierno de Rudi en febrero de ese mismo año).

Este nuevo acuerdo político fue impugnado ante la Audiencia Nacional por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, recurso al que se sumó la propia Universidad San Jorge. Según recuerda el TSJA en su reciente sentencia, el acuerdo se encuentra cautelarmente suspendido por la Audiencia Nacional.

Para acabar de complicar el proceso, el Ejecutivo aragonés incluyó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2016 la prohibición de duplicar títulos, en un intento por sortear la medida cautelar dictada por la Audiencia Nacional.

Este punto fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que debe dirimir la legalidad de las autonomías para prohibir la implantación de estas titulaciones universitarias. También está pendiente de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional.