El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha pedido al Ministerio que la prevista actualización de temarios se aplique a partir de la convocatoria de oposiciones de 2019, ya que los opositores aragoneses conocen ya cuándo tendrán lugar los exámenes de sus respectivas especialidades y los están preparando desde hace tiempo. Así lo avanzó ayer el director general de Personal y Formación del Profesorado, Tomás Guajardo, que compareció en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón.

Guajardo explicó también que se ha solicitado a Madrid que estas pruebas no exijan requisitos diferentes a los vigentes hasta ahora. En cuanto a la forma de acceso, el director de Personal y Formación del Profesorado, recordó que es una norma de carácter nacional y que depende de las negociaciones que están llevando a cabo el Ministerio con los sindicatos. En cualquier caso, Aragón ha propuesto que la fase de concurso y la experiencia docente se valoren más y que las pruebas no sean eliminatorias.

En su intervención en las Cortes, Guajardo explicó también las ofertas de empleo público que están ya en marcha y mencionó la que está prevista para 2020, para secundaria y técnicos de FP. En ella, aseguró, se priorizará las especialidades de Orientación, Francés, Filosofía, Francés, Música y Latín, entre otras.

No obstante, Guajardo se centró sobre todo en la oferta de empleo público que primero se convocará: la de 2018, que sacará a oposición 763 plazas para 23 especialidades de secundaria y FP. También recordó que en 2019 se convocarán plazas para maestros y enseñanza de régimen especial.

Administración General

También la Mesa sectorial de la Administración General trató ayer las ofertas públicas de empleo. En su caso, se aprobó la oferta ordinaria de 2017, que prevé la convocatoria de 164 plazas (154 para ser cubiertas por funcionarios de carrera y 10 para personal laboral). En la que se generó cierta polémica sindical fue en la oferta extraordinaria –cuya finalidad es la estabilización de empleo–, ya que la Administración quiere que las 948 plazas prometidas se vayan ofertando a lo largo de los tres próximos años. El sindicato CC. OO. criticó esta propuesta ya que, en su opinión, si se van demorado las ofertas públicas de empleo, las convocatorias de las plazas pueden retrasarse hasta cinco años.