La presión fiscal crispa aún más la relación entre el Gobierno de Aragón y la oposición

PP, Ciudadanos y PAR insisten en rebajar Sucesiones y Lambán asegura que el modelo actual «funciona»

Los miembros de Aragón Stop Sucesiones, de espaldas a Lambán, ayer en las Cortes
Los miembros de Aragón Stop Sucesiones, de espaldas a Lambán, ayer en las Cortes
José Miguel Marco

La polémica por la presión fiscal tensó ayer, más si cabe, la relación entre el Gobierno de Aragón y la oposición. Apenas 24 horas después de que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, confirmase un acuerdo con Podemos sobre la continuidad del impuesto de Sucesiones, el presidente de Aragón, Javier Lambán, reivindicó este tributo y aseguró que es "absolutamente impecable desde el punto de vista de la progresividad fiscal y la democracia".

Lo hizo entre críticas del PP y Ciudadanos –que reclamaron una rebaja fiscal–, con la crisis catalana como telón de fondo y ante una decena de miembros de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, que le dieron la espalda durante toda su intervención.

El líder del PP en Aragón, Luis María Beamonte, acusó a Lambán de querer "sangrar el bolsillo de los aragoneses" y de carecer de modelo político. "Ahora llama a la armonización fiscal, pero es campeón en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio", aseveró. A su entender, la política fiscal del Gobierno socialista ha convertido a la Comunidad en un territorio menos atractivo y prioritario para las empresas.

El líder del Ejecutivo, en cambio, afirmó que "el modelo funciona" y que la reforma fiscal impulsada por el Gobierno PSOE-CHA "ha servido para recuperar servicios públicos que el PP había destrozado", así como para "controlar el déficit".

Lambán insistió en que el impuesto de Sucesiones "no tiene nada que ver con la localización de empresas". "Eso sí, molesta a los poderosos. Por eso, ustedes, que son fieles sicarios de los poderosos, defienden hasta la extenuación su supresión. Dejen de ser un páramo intelectual, que es en lo que se ha convertido en estos momentos el PP en Aragón, y trabajen realmente por el interés general de los aragoneses", manifestó.

Sus palabras indignaron a la bancada popular hasta tal punto que la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, tuvo que intervenir en varias ocasiones para pedir silencio y poder retomar el debate parlamentario. No obstante, la polémica volvió a la palestra en cuestión de minutos. Lo hizo durante la interpelación de Ciudadanos, que instó al Ejecutivo a "sentarse y hablar" de este impuesto, que consideran "injusto".

"Un simple gesto podría cambiarlo absolutamente todo", apuntó Javier Martínez, diputado de la formación naranja, que advirtió que "si sigue en posición de no negociar" mientras estudia rebajar el ICA con Podemos no tendrá el apoyo de Ciudadanos para aprobar el techo de gasto.

Máximos y mínimos

Esta vez fue el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, quien tomó la palabra. Lo hizo para defender que las Sucesiones en empresas "están excluidas al 99%" siempre que continúe la actividad y que, en cuanto a los particulares, se han producido 43.254 autoliquidaciones hasta septiembre. "Suponen 115 millones de euros en derechos reconocidos. De todos los expedientes, 35.900 tienen una cuota a ingresar de cero euros. El 83,1% no ha pagado nada por este impuesto", expuso. Esto, según sus palabras, quiere decir que el gravamen se ha repartido "entre 7.300 contribuyentes".

Pese a las críticas de PP y C’s, que urgió a abordar la reconfiguración de las bonificaciones de este impuesto, Gimeno insistió en que "no es bueno cambiar todos los años de política de fiscal" y en que "lo racional es que las comunidades autónomas se sienten con el Gobierno central" para estudiar este y otros tributos. "Hay que establecer un máximo y un mínimo a decidir por cada autonomía", dijo. También aseguró que el Ejecutivo "necesita la totalidad de los ingresos" que se recaudan "para mantener las políticas sociales comprometidas".

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