El que fuera jefe de la oficina de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza, Javier V. R., podría pasar hasta cuatro años en prisión por grabar con cámaras espía a 14 de sus compañeras por debajo de la falda. Esa es la pena que acaba de proponer la Fiscalía para el funcionario, detenido por estos hechos el 8 de septiembre de 2016 y para el que también solicita 6 años de inhabilitación absoluta para cualquier cargo público, el pago de una multa de 5.760 euros e indemnizaciones por daños morales que suman otros 17.700.

Cuando declaró a comienzos de este año ante la magistrada que lleva la investigación, a preguntas de Olga Oseira, abogada de las víctimas, el encausado negó tajantemente que usara las tres microcámaras que la Policía Nacional halló en su despacho para obtener imágenes impúdicas de sus compañeras. Es más,  aseguró que estas mujeres sabían que grababa "por seguridad", dado que por su condición de responsable de la oficina que tramita los expedientes sancionadores de tráfico recibía supuestas coacciones.

Pero la versión exculpatoria del funcionario -al que asiste el letrado Rafael Hidalgo- parece desmoronarse, puesto que al analizar el ordenador que usaba en el trabajo, así como varios tarjetas y dispositivos de almacenaje informático, el Grupo de de Delitos Tecnológicos encontró 5.256 fotografías y 244 vídeos. Y como recuerda el ministerio público en su escrito de acusación, en estos archivos aparecían "imágenes de la entrepierna de varias mujeres y su ropa interior". Los especialistas localizaron también cerca de 600 archivos que no pudieron desencriptar pero que por el nombre que el propio acusado les dio les hacen pensar que contienen más grabaciones de este tipo. De hecho, esas imágenes estaban registradas con el nombre y apellidos de distintas empleadas, al que añadía las palabras piernas, culo u otra parte de su cuerpo

Por la gran cantidad de material intervenido, la Policía cree que el funcionario estuvo grabando a sus compañeras desde febrero a septiembre de 2016. Según los expertos, lo hizo colocando uno de los bolígrafos-cámara en una papelera bajo la mesa de su despacho y otro dentro de un bolso o mariconera que colgaba de una silla. Al tomar declaración a las víctimas, la Policía comprobó que el encausado actuaba siempre del mismo modo: veía por la mañana qué compañeras llevaban ese día falda o vestido y las llamaba a su despacho con cualquier excusa. Recuerda la Fiscalía que, como consecuencia de estos hechos, cuatro de las víctimas padecieron trastornos adaptativos que les obligaron a coger la baja durante bastante tiempo.

A raíz de su detención, el Ayuntamiento de Zaragoza suspendió a Javier V. R. de empleo y sueldo. Sin embargo, seis meses después, este volvió a ser reubicado en el Servicio Jurídico de Mercados, encargándose, entre otras cuestiones, de las licencias y permisos de la venta ambulante en la capital aragonesa. Porque aunque el investigado trabajaba antes en el cuartel de la Policía Local ubicado en el barrio de La Paz, no era agente del cuerpo.