Las vejaciones a homosexuales y transexuales se castigarán con hasta 45.000 € en Aragón

Aragón estará a la vanguardia española en la protección de los derechos del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales e intersexuales (Lgtbi). Este es el fin que persigue el Gobierno de Javier Lambán con la aprobación de un proyecto de ley de igualdad y protección integral de este colectivo, que sancionará hasta con 45.000 euros la reincidencia en el trato vejatorio, discriminatorio o de acoso hacia este colectivo. La norma incluso impedirá a los reincidentes tener acceso a subvenciones públicas y ser titulares de cualquier centro o servicio "dedicados a la prestación de servicios públicos" durante un máximo de tres años.

El régimen sancionador se detalla en el texto al que el Consejo de Gobierno dio ayer su visto bueno tras superar un proceso de consultas en el que se hicieron 360 aportaciones, de las que se han aceptado 268 y se han estimado parcialmente 18. La consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, manifestó que se trata de fijar derechos y evitar "cualquier manifestación de odio o discriminación". Por ello, explicó que tiene un carácter transversal y cuenta como eje vertebrador con el principio de igualdad de trato y respeto a la diversidad.

La pretensión inicial era aprobar un plan específico para las personas Lgtbi, pero se decidió finalmente tramitar un proyecto de ley. "El objetivo es lograr una igualdad real y efectiva y para eso acordamos con los colectivos que lo mejor era plasmarlo en una ley", explicó Broto.

La coalición PSOE-CHA ha tramitado en lo que va de legislatura tres normas con medidas concretas para defender sus derechos: primero lo hizo con un texto específico para los transexuales y después otro para promover la igualdad entre hombres y mujeres, al que se suma ahora . Ambas se han registrado en las Cortes y están pendientes de culminar su tramitación, en fase de alegaciones.

En esta misma línea han legislado las comunidades de Cataluña, Baleares, Murcia, Madrid y Extremadura, mientras Andalucía está tramitando su propia normativa Lgtbi.

En el proyecto de ley aragonés se reconoce el respeto a la diversidad, el derecho a la expresión libre de la identidad de género, el apoyo a colectivos vulnerables como personas mayores, personas gitanas, personas con discapacidad, inmigrantes o menores. Recoge también la elaboración de planes de atención para personas que sufren discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

Especial atención a los colegios

La norma contempla diferentes ámbitos de actuación: sanitario, de empleabilidad, educativo, familiar, políticas de juventud, medidas relativas al ocio, la cultura y el deporte, el ámbito de la memoria democrática, el policial y la comunicación.

Especial mención se hace a la protección de los menores en los centros educativos, hasta el punto de que la Administración no suscribirá conciertos con aquellos colegios que discriminen al alumnado por razón de género y orientación sexual o expresión de género. "Esta circunstancia ha de reflejarse nítidamente en el ideario de los centros y han de tener su correspondencia en las manifestaciones públicas de los responsables de los mismos", añade la norma, que también perseguirá el uso de libros o material didáctico discriminatorios.

Los centros deberán contar con pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de este colectivo e implantar un protocolo de prevención. En el caso de los sostenidos con fondos públicos, también deberán desarrollar cada curso escolar "acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación". E igualmente deberán contar con un fondo bibliográfico Lgtbi.