Ocho mujeres tienen un alto riesgo de ser asesinadas por sus maltratadores en Aragón

El asesinato de Jessica Bravo, de 28 años, tiroteada por su expareja Imanol Castillo en la puerta del colegio de su hijo en Elda (Alicante) pone de relieve otra vez los fallos de los sistemas actuales de protección de las víctimas de violencia machista y la necesidad de revisar los protocolos empleados para valorar el riesgo que corren de ser atacadas por sus maltratadores.

La experiencia dice que hay una serie de momentos críticos que deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de decidir qué grado de protección debe tener una mujer que acude a pedir ayuda a los tribunales o a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El anuncio de una separación o ruptura de relación, la presentación de una denuncia por malos tratos o la inminencia de la celebración de un juicio contra el agresor son situaciones cruciales que actúan como detonante de la violencia por parte del hombre.

Así ha ocurrido en el caso de Imanol Castillo, que decidió acabar con la vida de su excompañera un día antes de ser juzgado por haber proferido amenazas contra ella y luego se suicidó. Pero también pasó algo similar en el caso de Salvador Gázquez Rico, que acuchilló hasta la muerte a su mujer en Zaragoza cuando esta le dijo que se quería separar y lo que pensaba que le correspondía económicamente, tras 19 años casados. Gázquez será juzgado a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Zaragoza y se enfrenta a penas de entre 22 y 25 años de prisión.

En el primer caso, sobre Castillo pesaba una orden de alejamiento y había sido comunicada a las fuerzas de seguridad, los servicios sociales, la oficina de Atención a las Vicitmas de Delito de la Generalitat valenciana y al Registro Central para la Protección de las víctimas de Violencia Doméstica. Pero en ninguna de estas entidades se apreció el riesgo vital que corría.

En estos momentos en Aragón no hay ninguna mujer que corra peligro extremo de ser asesinada, al menos así lo han valorado las fuerzas de seguridad. Este nivel, el más alto de peligro, supone la vigilancia permanente de la víctima y el control intensivo de los movimientos del agresor hasta que las circunstancias de este último dejan de ser una amenaza inminente. Esta protección fue la que tuvo en agosto la mujer cuyo piso del barrio zaragozano de Torrero fue incendiado por su expareja, Manuel O. L., cuando la víctima, sus dos niños y su actual compañero dormían dentro. Este intento de homicidio fue cometido seis días antes de que Manuel O. L. fuera juzgado por haber dado un cabezazo en la frente a su ex y haberla amenazado de muerte. El arresto del presunto incendiario permitió rebajar la medida.

Pero la Policía y la Guardia Civil vigilan actualmente a ocho mujeres en Aragón (seis en Zaragoza, una en Huesca y otra en Teruel) porque corren un riesgo alto de ser atacadas por sus maltratadores. Además, hay 128 (96 en Zaragoza, 15 en Huesca y 17 en Teruel) valoradas como de riesgo medio, 783 (665 en Zaragoza, 75 en Huesca y 46 en Teruel) que están en riesgo bajo y en 578 (162 en Huesca, 49 en Teruel y 367 en Zaragoza) no se aprecia peligro.

El grado ‘alto’ implica una vigilancia frecuente y aleatoria en su domicilio, su lugar de trabajo y en la entrada y salida de los centros escolares de sus hijos. En estos casos suele sugerirse a la víctima que se traslade a un centro de acogida durante los primeros días, especialmente si no se ha detenido al autor. Igualmente, se solicita el seguimiento del agresor mediante un dispositivo electrónico y se le controla esporádicamente.

A la mujer cuya situación haya sido valorada de riesgo medio será vigilada de forma ocasional y aleatoria, tendrá acompañamiento en actuaciones de carácter judicial o cuando se considere oportuno. Estas medidas se van adaptando conforme cambia la situación de víctima y maltratador.

294 dispositivos electrónicos

Además, según datos facilitados por el Instituto Aragonés de la Mujer, en la actualidad hay distribuidas 204 pulseras electrónicas para controlar a maltratadores. Parte de ellas son del Ministerio de Interior y otras del Gobierno de Aragón.

Los últimos datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial en Aragón señalan que los juzgados recibieron en el segundo trimestre de 2017 970 denuncias por violencia de género -de ellas 625 españolas y 345 extranjeras-. En el mismo periodo se tramitaron 198 órdenes de protección, de las cuales se concedieron 159 (el 80%), se denegaron 31 y 7 no llegaron a ser admitidas