La alcaldesa de Aranda de Moncayo, Rosario Cabrera (PSOE), prestó ayer declaración como investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Almunia. Lo hizo por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación en 2016 del aprovechamiento cinegético para caza del monte público La Sierra a la Sociedad de Cazadores San Roque y raíz de la denuncia presentada por la Sociedad de Cazadores Coto El Perdigal.

La acusación, ejercida por el abogado Álvaro Lasala, incidió en la existencia de un informe del secretario municipal que recogía que "el concurso debía quedar desierto y no ser adjudicado" y que, según consta en la denuncia, fue ocultado al pleno, órgano que dio el visto bueno a la concesión. "Ella consideró que no era vinculante y que se debía adjudicar a la sociedad que se tuvo como cumplidora de parte de los requisitos, porque no los cumplió todos", matizaba Lasala.

De igual forma, recordó que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ante recurso de la Sociedad El Perdigal, anuló el acuerdo del pleno y los actos de la alcaldesa por los que se adjudicó el coto en favor de San Roque. En cuanto a por qué no se saca a licitación ahora, la primera edil se escudó, según la acusación, en que "ya no hay caza", algo "sorprendente" para esta parte "porque el año pasado sí había y este, que no se ha cazado, resulta que no hay".

Sobre la gestión del coto en el periodo anterior (2011-2015), en el que se rebajaron los precios convenidos con la Sociedad San Roque, la acusación defendió que tendría que haberse emitido un informe por parte del secretario y un requerimiento que justificase la incapacidad de pago.

Por parte de la alcaldesa, su letrada, Carmen Sánchez, explicó que "la querella tiene corto recorrido" y añadió que "vamos a pedir el archivo de la causa". Para la defensa, "no ha ganado ningún dinero con esto ni ha perjudicado los interés del municipio". A su vez, esgrimió que la adjudicación se realizó "con total transparencia" y que la entidad denunciante contó con "tiempo de sobra" para presentar la documentación, cuando desde esta se manifestó todo lo contrario.

Sánchez destacó que a su defendida "se le acusa de beneficiar a una sociedad (San Roque) porque a ella pertenecen su hijo y su marido, cuando este también forma parte de la otra desde 2002".