Lambán ve "justo" el impuesto de Sucesiones pese a la supresión en otras autonomías

Justifica que la DGA lo aplica "con proporcionalidad" y reclama al Gobierno central una "solución" a la financiación.

Javier Lambán
Lambán ve "justo" el impuesto de Sucesiones pese a la supresión en otras autonomías
José Miguel Marco

"Considero que el impuesto de Sucesiones es justo y que su aplicación se hace con un exquisito criterio de proporcionalidad". El presidente de Aragón, Javier Lambán, insistió ayer en su decisión de mantener la subida del impuesto sobre las herencias que rige en Aragón desde 2016, pese al cambio de posición que ya han asumido otros gobiernos autonómicos para quitar esa doble imposición. "Se puede discutir la forma en que se aplica el impuesto sobre las Sucesiones y también si las bonificaciones son hasta un porcentaje u otro" afirmó, pero remarcó que "lo que no es discutible es que tiene un origen justo y progresivo".

Con esta decisión de mantener la presión fiscal –y que se ratificará una vez las Cortes de Aragón aprueben los presupuestos de 2018– los aragoneses se convertirán formalmente en enero en los españoles que paguen más por el tributo de Sucesiones en toda España.

La posición firme del PSOE en Aragón choca con la que mantiene en el resto de Comunidades que gobierna. Este partido ostenta también la presidencia de las Comunidades de Andalucía, Extremadura, Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha. En las tres primeras, sus presidentes socialistas ya han aplicado deducciones este año o las han prometido para 2018. Y en el resto, los presidentes socialistas recibieron sus autonomías con menor presión fiscal que Aragón y así las han mantenido.

Oferta de Beamonte

Lambán impuso la subida en el impuesto de Sucesiones como consecuencia del pacto con Podemos, IU y CHA que firmó a mitad de 2015. Mientras, los presidentes socialistas de Andalucía, Extremadura y Asturias se decantaron en el mismo periodo o en este año por pactos presupuestarios con el PP o con Ciudadanos, que incluyeron bajadas fiscales.

Pese a ese origen diferente, Lambán ha tenido margen de cambiar de socios, y lo sigue teniendo, aunque ya ha rechazado utilizarlo. El presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, le ha planteado en varias ocasiones la oferta de desbloquear con sus votos los presupuestos de la Comunidad, siempre con la premisa de bajar la presión fiscal que sufren los aragoneses. Lambán se ha negado y hasta ahora solo acepta sentarse con Podemos y el resto de formaciones reacios a bajar la presión fiscal.

Críticas internas

Por otro lado, el presidente aragonés mostró cierto descontento con la decisión que han tomado sus homólogos socialistas respecto a bonificar más el pago del impuesto. "Creo que cuando una Comunidad renuncia a ejercer su corresponsabilidad fiscal y a utilizar sus herramientas que tiene para financiarse, entonces pierde legitimidad para exigir mejoras al Ministerio de Hacienda", manifestó ayer en una clara alusión a Extremadura y Andalucía.

De hecho, en un principio, todos los presidentes autonómicos habían acordado en la Conferencia de Presidentes hacer un frente común en este asunto ante el Ministerio de Hacienda, decisión que han roto ahora diferentes autonomías. Lambán insistió en que las Comunidades están "mal financiadas" y que por tanto hace falta "una reforma completa de toda la financiación autonómica". Tanto el Ministerio de Hacienda como el resto de autonomías coinciden en esa postura. Sin embargo, la realidad es que la crisis en Cataluña ha paralizado los pasos de esta reforma y cada autonomía está buscando una salida individual a su situación.

Los expertos lo defienden

El impuesto de Sucesiones tiene una fuerte contestación social, además de por suponer un doble tributo porque la diferente regulación ha generado desigualdad entre los españoles. Sin embargo, hay discusión respecto a qué debería hacerse con él. En 27 de los 34 países de la OCDE existe este tributo. En algunos casos con tipos casi simbólicos, pero formalmente lo mantienen. Por otro lado, los expertos que elaboraron el informe que debería guiar la próxima financiación defienden su existencia como forma de financiar las Comunidades. Eso sí, marcando "un mínimo exento común" que evite desigualdades.

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