Receta legal para una buena convivencia en el vecindario

No se trata de poner coto a los pisos turísticos, sino de dar con la fórmula para favorecer una buena convivencia.

Gentrificación, aumento del precio del alquiler, turismofobia... Estas consecuencias negativas que se atribuyen al turismo masivo y el ‘boom’ del sector de las viviendas turísticas y de los apartamentos vacacionales no han llegado a Zaragoza ni al resto de Aragón.

Los conflictos que sí se han generado en las comunidades de vecinos tienen más que ver con las protestas provocadas por los ruidos, molestias y uso inadecuado de los servicios comunes por parte de los inquilinos de estos alojamientos.

Una realidad ante la que el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón organizó una jornada formativa en Jaca para gestionar correctamente este tipo de alquiler a cargo del magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Vicente Magro Servet.

No se trata de poner coto a los pisos turísticos, sino de dar con la fórmula para favorecer una buena convivencia. Vicente Magro propone que las comunidades de vecinos aprueben unas normas de régimen interno (lo que requiere de una sencilla mayoría simple), en las que se pueden establecer el número máximo de plazas por piso y las reglas de uso de los espacios comunes.

"Este documento debería incluir también la advertencia a los inquilinos de que en caso de no cumplir las normas serían expulsados de forma inmediata", explica este experto. El problema, apunta, es que se debería regular un procedimiento urgente por el que un juez pudiera decretar su desahucio como medida cautelar.

Póliza de riesgo y fianza

En cuanto al propietario del alojamiento turístico, Vicente Magro considera que debería suscribir una póliza de riesgo de daños que cubriera los posibles desperfectos que causaran en las instalaciones los inquilinos. Asimismo, recomienda que el arrendador fije una fianza a devolver al final de una estancia satisfactoria para todos.

Este magistrado no cree que sea "positivo" que las comunidades de vecinos prohiban los alquileres turísticos. "Estaría en contra del ejercicio de derecho de propiedad. Además, en cualquier momento una familia puede necesitar unos ingresos derivados de esta actividad".

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