La guerra de Siria y otros conflictos internacionales han disparado la llegada de refugiados a Aragón en los últimos dos años. En Aragón hay 472 personas acogidas al Programa de acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, según datos facilitados por el Gobierno de Aragón a fecha 1 de octubre.

Un tercio de estos refugiados son sirios (137). De estos, 87 han llegado a Aragón gracias a los programas europeos de reubicación o reasentamiento procedentes de campos de refugiados en Grecia u otros países. Otros solicitantes de asilo han viajado por su cuenta hasta llegar a España.

El programa de acogida es un plan del Ministerio de Empleo y Seguridad Social gestionado en las comunidades autónomas por varias ONG y entidades sociales. En Aragón son Accem, Cruz Roja, Cepaim, Apip y Diaconia. El programa les ofrece protección, alojamiento, manutención, apoyo social, económico y jurídico durante un periodo máximo de 18 meses o hasta 24 en casos de especial vulnerabilidad. Tiene tres fases de seis meses cada una: la primera de integración (viven en centros de acogida), la segunda de integración (viven en pisos y pueden trabajar) y la tercera de autonomía (orientada a su autonomía e independencia futura).

Muchos de los refugiados acogidos en Aragón ya están agotando estos plazos y pronto quedarán fuera de este programa oficial de ayudas. Los afectados son los que llegaron en 2015 (39 personas) y muchos de los que entraron en el programa en 2016 (153 en total). ¿Qué pasa con ellos ahora? ¿En qué situación jurídica y social se quedan?

Cuando acaba el programa

"Cuando acaba el programa y mientras su solicitud de asilo aún no ha sido resuelta, permanecen aquí como demandantes de protección internacional con autorización para trabajar. Y pueden optar a ayudas sociales de los servicios públicos o entidades privadas, como los servicios sociales municipales, Cáritas o Cruz Roja. Hay gente que vive con ansiedad el final del programa y la nueva situación. Hacemos talleres con ellos para prepararles y les proporcionamos apoyo emocional", explica Luis Manzano, de Accem Zaragoza, una de las entidades que gestiona en Aragón el programa estatal.

Uno de los principales obstáculos para la integración de los refugiados, tanto dentro del programa como tras su finalización, es la falta de trabajo. Solo un tercio de los refugiados en la fase 2 del programa han conseguido un empleo. Según datos de Accem de junio, de 78 adultos acogidos por ellos, 23 estaban trabajando, en sectores muy variados: auxiliar de clínica, instaladores eléctricos, hostelería, costura o agricultura. "La valoración es buena, teniendo en cuenta nuestro mercado laboral y las tasas de desempleo de los migrantes", señala Manzano.

Las ayudas del programa nacional, que incluye una cuantía de entre 350 y 800 euros mensuales según el número de miembros de la familia, terminan cuando acaban los plazos o si se resuelve antes la solicitud de asilo. La resolución de estas solicitudes está tardando meses o años y solo se aprueban favorablemente en torno al 10%.

Por otra parte, el Grupo de ayuda a los refugiados en Zaragoza, que surgió de forma espontánea en 2015, sigue ofreciendo su apoyo a los refugiados al margen del programa oficial. Ayudan a los refugiados a buscar piso, a hacer gestiones, a conocer recursos de la ciudad o a sentirse acompañados. Este grupo ha criticado en ocasiones en los últimos meses "fallos" del programa oficial, como retrasos en los pagos o un "trato excesivamente rígido" por parte de las ONG en algunos centros de acogida. Ellos también han pedido que se amplíe el programa más allá de los 18 meses.

Programa piloto del Ayuntamiento de Zaragoza

La mayoría de los refugiados acogidos en Aragón viven en la ciudad de Zaragoza (323), en Huesca vivien 100 y en Teruel, 49. Recientemente ha llegado un pequeño grupo a La Almunia. El Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto en diversas ocasiones poder participar más activamente en la acogida de refugiados (la competencia es estatal).

De momento, y en colaboración con Accem, el Ayuntamiento acaba de lanzar un programa piloto complementario para atender a las personas que se quedaban fuera del programa estatal por haber cumplido los plazos o por renuncias por causas justificadas. Está en marcha hasta diciembre como experiencia piloto.

"Este proyecto trata de abrir vías más cercanas, más especializadas y más sensibles a las necesidades de la personas demandantes de protección internacional mediante el fortalecimiento del trabajo comunitario y en red con las diferentes entidades y administraciones competentes de la ciudad. Se acompaña a los participantes en su proceso de inserción social y laboral, y se garantiza la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento y manutención", destacó la consejera Luisa Broto en la presentación del programa en septiembre.