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La Cámara de Cuentas avisa del riesgo de que la Expo deba pagar 29 millones por la climatización

La concesionaria reclamó la resolución del contrato y una cuantiosa indemnización, pendiente de la decisión del TSJA.

La Cámara de Cuentas de Aragón advierte del riesgo de que la sociedad pública de la Expo deba abonar casi 29 millones de euros por la resolución del contrato de climatización del recinto, cantidad exigida en los tribunales por la concesionaria del servicio, de titularidad municipal. Esta es una de las principales "incertidumbres" que afectan a Expo Zaragoza Empresarial, recogidas en el informe de fiscalización de 2015 y que expusieron ayer el presidente y el consejero encargado de la Cámara, Antonio Laguarta y Luis Rufas, respectivamente, ante las Cortes de Aragón.

La concesionaria reclamó oficialmente la resolución y una indemnización millonaria por daños y perjuicios en 2013 porque las estimaciones de ocupación del recinto de Ranillas nunca se han cumplido, lo que afecta directamente a sus ingresos. Tanto Expo Empresarial como el Ayuntamiento se negaron, lo que desembocó en un pleito en los tribunales al entender que la empresa se encontraba "cerca" de arrojar beneficios "por las actividades ordinarias de su cuenta de explotación, siempre y cuando consiga hacer efectivas sus ventas sin morosidad asociadas a las mismas".

La sentencia en primera instancia, dictada hace un año, con posterioridad al informe de la Cámara de Cuentas, no entró en el fondo y anuló la actuación administrativa impugnada por considerar que fue la Expo la que la recibió la reclamación y correspondía al Ayuntamiento como Administración competente, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Y aunque sí se le notificó por parte de la sociedad pública, el Consistorio no dio traslado al órgano competente para su resolución.

Ninguna de las partes estuvieron conformes, por lo que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que aún debe pronunciarse.

La "incertidumbre" del litigio de Districlima no fue la única a la que se refirió Rufas en la comparecencia ante las Cortes. Aludió igualmente al impacto sobre las cuentas de una modificación de la ley del IVA, que afecta directamente al impuesto soportado en las operaciones de arrendamiento con la Administración. La cifra se fijó entre 7 y 14 millones, aunque tras elevar una consulta vinculante a la Agencia Tributaria se estipuló que debía devolver 10 millones al erario. El acuerdo con Hacienda, posterior al informe de la Cámara, estipula su devolución por plazos hasta 2022. Fuentes oficiales de la Expo señalaron que el saldo final es de 8 millones, ya que la Agencia Tributaria debía devolver 2 a la DGA, propietaria de la sociedad pública.

Igualmente, Rufas se refirió a los más de 600.000 euros que aún debe el Ayuntamiento a Expoagua por las obras del Balcón de San Lorenzo que le encomendó y que, según aclaró ayer la sociedad pública, se percibirán antes de que finalice el año.

El debate en las Cortes volvió a sacar a relucir las críticas de los partidos a la dependencia que la Expo tiene del sector público, dado que el citado informe de la Cámara evidencia que el 96% de los ingresos proceden de los alquileres de la DGA. Laguarta se refirió a que las expectativas de ventas nunca llegaron a fraguar y la sociedad pública cerró el ejercicio de 2015 de nuevo con cuantiosas pérdidas, en este caso, de 6,6 millones. Del mismo modo, se refirió de nuevo a la controversia de los sueldos de Expo Empresarial, que no están homologados con las del personal laboral autonómico. Esto se explica en parte por el hecho de que haya tantos directivos como trabajadores a su cargo, una decena en ambos casos

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