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Las empresas y el 'procés'

El desafío secesionista catalán está generando efectos a todas luces perjudiciales para la economía española en general y para la aragonesa en particular. De ello hablarán hoy en el Pignatelli el Gobierno de Lambán y los agentes sociales

Trasladan su sede social de Cataluña a otros puntos de España porque no pueden arriesgarse a perder la seguridad jurídica que necesitan para seguir trabajando y llevar adelante sus planes de futuro. Quizás confían en que al final las cosas no cambiarán tanto en lo legal, pero quieren reducir al máximo los riesgos que afectan a su actividad. Centenares de empresas de todos los tamaños y sectores están protagonizando en las últimas semanas una fuga que empobrecerá –lo está haciendo ya, de hecho– a la economía catalana, pero también tendrá repercusiones en otras regiones, especialmente en aquellas que, como Aragón, mantienen una relación muy estrecha con la comunidad autónoma que aún preside Carles Puigdemont.

Muchos son los efectos que está provocando la decisión de tantas empresas de abandonar la sede de Barcelona para situarla en Madrid (el principal destino de aquellas de más relumbrón), Valencia, Alicante, Bilbao o incluso ciudades como Málaga, Córdoba o Santiago de Compostela. Y poco se dice abiertamente, pero nadie duda de la presentación –oficial o pseudooficial– de ofertas para conseguir que compañías catalanas que van bien elijan destinos que ganarían con la llegada de nuevas empresas.

Aragón, por su vecindad con Cataluña, ha sido vista siempre como una de la comunidades con más posibilidades de acoger a empresas que quieren seguir adelante con sus planes y con sus objetivos marcados con los mínimos sobresaltos posibles. Quizás no han decidido venir a nuestras ciudades las más significativas, pero ya son decenas las que han dado el paso, casi todas ellas pymes. Lo han hecho aquellas que o desarrollan entre nosotros gran parte de su actividad o tienen vínculos societarios de gran peso. MGS Seguros, por ejemplo, se fusionó hace unos años con la aragonesa Euromutua y aquí tiene cerca del 20% de su negocio y 87 trabajadores. Laboratorios Ordesa se ha ido a Huesca respondiendo a sus orígenes y la biotecnológica Pangaea Oncolgy, que viene a Zaragoza, está participada por el ‘family office’ (vehículo inversor) de la familia Soláns, propietaria de Pikolin. Un efecto positivo en este último caso, según reveló a este diario el consejero delegado de esta empresa, Javier Rivela, es que ahora la firma se plantea con más determinación traer a Aragón el desarrollo de algún proyecto vinculado a la oncología de precisión.

Singularidades aparte, los efectos que el desafío secesionista catalán genera en la economía son especialmente perjudiciales para nuestra comunidad autónoma. El comité ejecutivo de CEOE Aragón expresó el pasado jueves su "profunda preocupación" por lo que está ocurriendo, señalando que "nuestra comunidad autónoma va a ser una de las más afectadas, sea cual sea el resultado de los acontecimientos, cuyos efectos ya se están comenzando a sentir en algunos sectores". La patronal recordó que las empresas aragonesas tienen a Cataluña como mayor destino de sus ventas (por valor de 4.162,8 millones de euros), al tiempo que Aragón es uno de los principales clientes de Cataluña, con un volumen de compras (10.781,9 millones de euros) que representa el 20% de sus ventas al conjunto de España y por encima de las exportaciones de la comunidad vecina a cualquier país.

En un parque empresarial predominantemente de pymes como es el aragonés, las consecuencias de la debilidad de la economía catalana entre nosotros pueden ser nefastas. El Gobierno de Aragón se ha hecho eco del llamamiento de la patronal y ha convocado para hoy a los agentes sociales a una reunión que presidirá la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, y a la que podría acudir el propio presidente Javier Lambán, que ayer expresó en Ejea su enorme preocupación por la crisis catalana y reconoció que nuestra comunidad autónoma puede resultar una de las más perjudicadas por sus efectos. Minimizar este impacto debe ser una prioridad para la DGA, los empresarios y los sindicatos.

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