El pasado mes de febrero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó al Ministerio de Justicia la constitución de 52 juzgados (uno por cada provincia) para que tramitaran, en exclusiva, las causas relacionadas con las cláusulas suelo. La petición hundía sus raíces en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, contradiciendo el criterio del Tribunal Supremo, en un fallo de diciembre de 2016 calificó como abusivas algunas cláusulas suelo y ordenó la devolución del importe. El órgano de gobierno de los jueces previó entonces, con acierto, que los juzgados recibirían un aluvión de demandas solicitando devoluciones y se corría un riesgo seguro de colapsar la Primera Instancia, donde se ingresaban este tipo de causas.

Sobre el papel la idea del CGPJ parecía buena, pero lo cierto es que desde el primer momento no contó con mucho respaldo en la esfera judicial. Varias asociaciones de jueces mostraron públicamente sus recelos: dudaban de que tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas dotaran a estos órganos con los suficientes medios personales, técnicos y económicos para cumplir con el papel que les quería encomendar.

Aún con críticas, la especialización judicial se puso en marcha el 1 de junio. La realidad no tardó demasiado tiempo en dar la razón a quienes recelaron de la medida: muchos juzgados, entre ellos el de Zaragoza (el de Primera Instancia número 12 bis), no pudieron iniciar su actividad el día previsto porque el Ministerio de Justicia no había nombrado a los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), una figura indispensable para empezar a funcionar. Quienes el primer día de junio se acercaron a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza pudieron ver puestos de trabajo totalmente habilitados para trabajar pero sin personal. Hubo que esperar hasta el 8 de junio para que se pusiera efectivamente en marcha.

A punto de cumplir los cinco meses en funcionamiento, los jueces de toda España han estallado contra estos órganos. Esta semana, reunidos en un congreso nacional en Bilbao, los magistrados han cargado duramente contra estos juzgados especializados, a los que no han dudado en calificar de "completo y absoluto fracaso". Se han desbordado todas las previsiones, añaden, y señalan que "la inmensa mayoría de juzgados especializados de toda España están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados por los compañeros".

En el documento de conclusiones del congreso, los jueces decanos destacan la situación actual de 34 órganos de refuerzo de toda España: sostienen que entre junio y mediados de octubre han acumulado más de 90.500 asuntos, una carga de trabajo inasumible. Entre estos juzgados destaca el de Primera Instancia 12 bis de Zaragoza, que se acerca a las 3.000 demandas ingresadas en cuatro meses y medio. Este órgano, que empezó a funcionar de forma efectiva el pasado 8 de junio, está compuesto por un juez en prácticas, cinco funcionarios y un letrado de la Administración de Justicia en comisión de servicio sin relevación de funciones.

Hace tan solo diez días que el Gobierno de Aragón anunció que había destinado dos funcionarios más al juzgado de refuerzo de Zaragoza ante el aluvión de demandas. Los refuerzos, aclararon desde el Gobierno autonómico, eran "absolutamente necesarios" para no quedar "bloqueados por completo". Fuentes de la DGA señalaron que solo en septiembre entraron en este juzgado 972 demandas, a las que habría que sumar 127 en Huesca y 39 en Teruel. El número de causas ingresadas por el juzgado 12 bis de Zaragoza convierten al juez que lo lleva en uno de los que más carga de trabajo soporta de todo el país.

Cambio de escenario a partir del 1 de enero de 2018

"La situación actual aboca al completo atasco de los juzgados especializados, con una previsión de resolución de asuntos que se va a alargar de manera realmente importante en el tiempo, frustrando la resolución de las demandas interpuestas por los ciudadanos por su tardía respuesta", reiteran los jueces decanos, que proponen que no se prorrogue el plan de refuerzo del CGPJ, cuya finalización inicial se fijó el próximo 31 de diciembre.

Los magistrados proponen que a partir del primer día de 2018 las demandas de cláusulas suelo se repartan entre todos los juzgados de Primera Instancia de todos los partidos judiciales y que los refuerzos sigan funcionando hasta que se resuelvan todos y cada uno de los asuntos ingresados hasta la jornada de finalización del plan (el 31 de diciembre de 2017).

En el congreso también se tuvo en cuenta la tesitura en la que se encontrarían los jueces que llevan a día de hoy estos juzgados, dado que la mayoría de ellos son jueces en prácticas pertenecientes a la 67 promoción de la carrera judicial. "Exigimos que se concrete expresamente cómo se va a proveer a la sustitución de los compañeros que sirven en dichos órganos, cuando finalice su periodo de prácticas, y puedan concursar, como es su derecho, a otros juzgados", se refleja en el documento hecho público tras la reunión de Bilbao. "Si ya se necesita un número muy superior de jueces para resolver la avalancha de asuntos que siguen entrando constantemente, la pérdida de los jueces que actualmente se ocupan de todo ello, supondría un escenario insoportable, en el que los magistrados titulares de los juzgados especializados no podrían, de ninguna de las maneras, asumir tal carga de trabajo", advierten a la vez que piden al CGPJ que les informe de "las promesas de medios materiales y personales en las distintas oficinas judiciales".