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Aragón

Bermúdez y Garcés podrían formar parte de la comisión delegada para Cataluña

Dos altos cargos aragoneses del Ministerio de Educación, también con un papel clave. Solo sería en el caso de que se aplicara el 155 y para funciones muy concretas.

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.
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Enrique Cidoncha

Todos quieren evitar el escenario, pero ya están preparados por si es necesario. El Gobierno central estudia trasladar parte de la responsabilidad de una posible intervención de Cataluña en los secretarios de Estado que ostenten competencias que sean trasladables al ámbito autonómico. En el caso de la representación aragonesa, destacan Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, y Mario Garcés, de Servicios Sociales. Solo tendrían alguna función vinculada al control de la gestión en Cataluña en el caso de que el Gobierno central llegase hasta el final en la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

Bermúdez de Castro es el número dos de la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, que es el órgano que está dirigiendo toda la actuación del Gobierno central ante el desafío catalán. Este exconsejero de la DGA ya tuvo la función en la primera parte del proceso de advertir por carta a todos los alcaldes catalanes de que no podían ceder locales para el referéndum.

En el caso de Garcés, es el número dos del Ministerio de Sanidad, un área también clave en el día a día de una Comunidad. Sobre él recaen las competencias de la Seguridad Social. También todas las estatales vinculadas a servicios sociales e igualdad, entre otras áreas que están en una parte importante de gestión transferidas a las autonomías.

Rando y Fernández Lacasa

La nómina de altos cargos aragoneses que pueden tener una función clave ante una posible intervención en Cataluña se extiende además al Ministerio de Educación. El turolense Marco Rando y el oscense José Fernández Lacasa ostentan como directores generales las competencias de evaluación, gestión y planificación educativa. Todo apunta a que si se interviene la Comunidad, el área educativa es una sobre las que se actuaría, entre otras cuestiones para la planificación del curso siguiente y también para garantizar que la actuación de los directores de los colegios se ajusta a derecho.

En el caso de que el Gobierno decida continuar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la asunción de competencias de la Generalitat no sería inmediata. De hecho, podría tardar en suceder varias semanas e incluso bloquearse antes de que sea efectiva, en el caso de que el presidente de la Generalitat convocase elecciones antes de ser apartado de sus funciones.

Una vez que se hubiese consumado la intervención estatal, es previsible que una de las primeras decisiones fuese la convocatoria de elecciones autonómicas. Sin embargo, tampoco sería automático, ya que hasta su celebración pasarían al menos dos meses, y durante ese tiempo y la formación de un nuevo gobierno habría que gestionar el día a día.

Ocho veces la DGA

El posible control de la gestión de la Generalitat de Cataluña por parte de cargos de otra administración no sería una tarea precisamente sencilla. Como dato comparativo, la Generalitat de Cataluña cuenta con unos de 330.000 funcionarios y trabajadores laborales, frente a los 40.000 que aproximadamente tiene la DGA.

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