El impulso de la obra pública sigue bajo mínimos en Aragón. Al menos en lo que concierne a la contratación del Ministerio de Fomento, que se limita a 161 millones de euros desde que el Gobierno del PP desembarcó en la Moncloa hace cinco años y medio. El importe representa únicamente el 1,8% de toda la obra adjudicada por el Ministerio, sus organismos autónomos y empresas públicas dependientes, que asciende a más de 8.935 millones en el conjunto del país. Esto coloca a Aragón a la cola de la inversión regionalizada, en la undécima posición, solo empeorada por Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra.

La estadística oficial del grupo Fomento no deja lugar a la duda sobre el impulso de obra nueva en la Comunidad, que ha sufrido como pocas el parón inversor como consecuencia de la crisis. Buen ejemplo de ello es el hecho de que el desdoblamiento de la carretera de Logroño, desde Figueruelas a Mallén, suponga el 60% del importe adjudicado desde principios de 2012 en Aragón: 97 de los 161 millones.

El resto de actuaciones relevantes, en lo que a coste se refiere, se limitan a unas obras complementarias en la autovía entre Huesca y Jaca, la A-23, por 20 millones. Se remontan a noviembre de 2013 y se circunscriben a los tramos entre Nueno y el congosto del Isuela y de Arguis al alto de Monrepós para estabilizar la ladera, acondicionar las instalaciones de un túnel y su conexión con el centro de control de túneles de la autovía.

Y la última contratación reseñable en Aragón bajo el mandato de la exministra Ana Pastor es otra obra complementaria relacionada con la ampliación de la Ronda Norte de Zaragoza. Se encargó por 12,1 millones en noviembre de 2012 a la constructora Sacyr.

El resto de adjudicaciones hasta llegar a los 161 millones se reparten por distintos puntos del territorio con intervenciones de pequeño calado en la red viaria y ferroviaria, lo que pone en evidencia la eterna espera que sufren el resto de desdoblamientos pendientes, la modernización de la vía de Teruel o AVE a Navarra. Eso sí, el ministro Íñigo de la Serna ha dado visos de cambiar las tornas y ha comprometido la redacción de los estudios necesarios para impulsar las obras en los próximos años, siempre y cuando se disponga de la consignación presupuestaria necesaria.

Su impronta se ha hecho notar desde que llegó a la sede ministerial del paseo de la Castellana a finales de 2016. De hecho, en el primer semestre de este año ha hecho escalar cuatro posiciones a Aragón en importe de obra adjudicada, lo que la convierte en la séptima autonomía del país.

Este impulso ha sido posible gracias a la adjudicación en julio del tramo de la autovía entre Gallur y Mallén por 49,7 millones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copisa y Construcciones Sando. Esta contratación le dio la vuelta a la estadística del primer semestre en Aragón, ya que hasta entonces lo más reseñable era el encargo del arreglo de los 20 kilómetros de la N-122 entre Gallur y Bulbuente por 3,32 millones. En este caso, se encargó de hacerlo la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA (Seittsa) el pasado mes de enero.

Este impulso no oculta que el peso de Aragón sigue siendo reducido y ha caído respecto a los últimos cuatro años de gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Su segundo mandato (2008-2011) ya estuvo marcado por la crisis, pero aun con todo la Comunidad ocupaba la novena posición en adjudicaciones de Fomento y sus empresas públicas, entre ellas Renfe, ADIF y AENA, lo que le situaba en la mitad de la tabla autonómica.

Menos inversión que con el PSOE

El esfuerzo tampoco se puede decir que fuera excepcional, pero los 731 millones adjudicados por el gabinete socialista en cuatro años casi quintuplica a los que suma el PP en los cinco años y medio transcurridos desde entonces. Aunque la caída de la inversión ha sido generalizada en todas las autonomías, el peso de Aragón en el conjunto de las autonomías ha caído de forma sustancial: los 731 millones contratados en el periodo 2008-2011 representaba el 2,7% del grupo Fomento, mientras que ahora se reduce a un 1,8% (de enero de 2012 a julio de 2017).

La realidad es que el grueso de las adjudicaciones de los últimos años se ha centrado en la construcción de la alta velocidad, lo que ha beneficiado a territorios como Galicia y Cataluña. Entre las dos autonomías suman obras adjudicadas por 2.940 millones desde 2012, lo que representa un tercio del total.