Mayte Pérez defiende su modelo educativo para acabar con los colegios gueto

La consejera dice que se está estudiando cómo cumplir el último auto judicial sobre los alumnos con necesidades especiales

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha recalcado hoy que la política de su departamento va encaminada a “distribuir de manera equitativa al alumnado” y que para ello se dictó una orden fijando un límite en cada centro de un 20% para aquellos que tienen necesidades especiales.

Pérez hizo estas declaraciones durante un acto en Teruel, en respuesta al auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que vuelve a rechazar la orden dictada el pasado 15 de junio por el departamento respecto al porcentaje de Alumnos con Necesidades Educativas de Apoyo Específicas (Acneae) a escolarizar en centros financiados con recursos públicos, al considerar que no fija una proporción concreta. Requiere personalmente a la consejera de Educación del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, a que en el plazo de un mes proceda a la "ejecución forzosa" de la sentencia que dio la razón a la Amypa del colegio Pío XII de Huesca.

La consejera ha defendido que la orden para este curso estableció medidas precisamente para conseguir que esos alumnos estén repartidos proporcionalmente. Entre ellas, más recursos económicos, más profesionales para detectar a los alumnos con necesidades educativas especiales, la recuperación de los equipos de atención temprana, y también se reflejó en los decretos y las órdenes de escolarización. “Por primera vez hemos fijado porcentajes máximos y mínimos en cada uno de los centros de las ciudades y de los pueblos”.

Ahora se está buscando la fórmula "para ser efectivos y cumplir con la sentencia”, ha afirmado Pérez, al tiempo que se construye un modelo educativo equitativo "que reparta el exceso de acumulación de alumnos con necesidades educativas especiales”, para eliminar "centros gueto”, que, en su opinión, "fundamentalmente han estado concentrados en la escuela pública, lo que le ha restado atractivo".

El departamento habla de un error de interpretación de la sentencia. “Estamos intentando, semánticamente, entender qué diferencia hay entre porcentaje y proporción”, que es lo que se plantea en el auto. “Corrobora que la administración ha actuado bien, pero lo que nos dice es que hay que fijar una proporción. Nosotros fijamos un porcentaje en la orden, y no sé si el error es la interpretación de lo que significa proporción y porcentaje. Estamos intentando identificar bien lo que quiere decir el juez para cumplir, pero nuestro modelo coincide claramente con el modelo que defienden las familias y lo que plantea el juez, y lo que tenemos que buscar es la manera logística y ejecutiva para poder cumplirlo”.

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