El rechazo unánime de jueces y funcionarios a la transformación del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza en un nuevo juzgado de Primera Instancia ha dado resultado. De hecho, el Gobierno aragonés ha decidido olvidarse de la propuesta y no hacer cambios en la jurisdicción penal. Según ha podido saber HERALDO, así se lo habría transmitido el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, y al decano de los magistrados zaragozanos, Roberto Esteban, en una reunión celebrada el pasado miércoles, a la que también asistió la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez.

El ejecutivo autonómico se basó en un supuesto descenso de los litigios y las cargas de trabajo de los juzgados de instrucción de Zaragoza para proponer al Ministerio de Justicia el cambio. Sin embargo, las estadísticas de la DGA fueron rechazadas enseguida por el colectivo de magistrados de la Ciudad de la Justicia. En una reunión sectorial de urgencia, los jueces recordaron a la DGA que en el primer trimestre de 2017, en los juzgados de instrucción de la capital ingresó un promedio de asuntos superior al de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Palma de Mallorca. Apuntaban además, que la pérdida del Juzgado de Instrucción 12 sería “muy grave”, puesto que la ciudad ya arrastra una ratio de juzgados por habitante peor que la del resto de grandes capitales.

Las cuatros organizaciones sindicales que representan a los funcionarios de Justicia en Zaragoza, UGT, STAJ, CC. OO. y CSIF, calificaron también de «error» e incluso «provocación» querer aliviar las cargas de trabajo de la jurisdicción civil a costa de la penal. De ahí que este jueves hayan vuelto a organizar una protesta en el vestíbulo de los juzgados para mostrar su desacuerdo con la propuesta.

El Gobierno aragonés propuso al Ministerio de Justicia crear dos nuevos juzgados de primera instancia en Zaragoza, pero al mantener el Juzgado de Instrucción número 12 solo podrá poner en marcha uno en la jurisdicción civil. Según fuentes de la DGA, cada órgano le cuesta al erario cerca de medio millón de euros anual, por lo que solo se podrá incluir uno de nueva creación en los Presupuesto de la Comunidad para 2018. En principio, el objetivo de la administración es que el Juzgado de Primera Instancia número 22 esté operativo el 1 de septiembre del próximo año, con el objetivo de aspirar al 23 en 2019.