El conflicto de los bienes y la solución que nunca llega

"Todos los intentos de conciliación administrativa y extrajudicial han resultado infructuosos". Con esta frase, el obispado Barbastro-Monzón reconocía hace una semana el fracaso de las distintas soluciones emprendidas en la última década para recuperar de facto las 112 obras de arte retenidas en Lérida, y anunciaba su decisión de acudir a la jurisdicción civil. La paciencia de la diócesis parece haberse agotado, 22 años después de segregadas las parroquias y al cumplirse una década del decreto vaticano que confirmó la propiedad aragonesa.

En este tiempo se han sucedido las sentencias vaticanas que dan la razón a la diócesis, los intentos de alcanzar acuerdos políticos no han fructificado y los procesos negociadores entre las diócesis, marcados por el espíritu de la diplomacia vaticana, una y otra vez han topado con la negativa del prelado catalán a acatar el dictamen de Roma.

La historia del litigio por los bienes de arte sacro se remonta a 1995, cuando el Vaticano acordó segregar las parroquias de la parte oriental del Alto Aragón, pertenecientes a la diócesis de Lérida, para hacerlas coincidir con los límites geográficos y políticos. Así se creó la diócesis de Barbastro-Monzón, siendo obispo Ambrosio Echebarría, que inició la reclamación por vía eclesiástica de las piezas de arte. Una comisión de canónicos estipuló en 112 las piezas cuya propiedad se acreditaba a las parroquias altoaragonesas.

Los máximos tribunales eclesiásticos dieron la razón a Barbastro, tanto el Tribunal de la Rota como la Congregación de Obispos de Roma; pero Lérida ha hecho caso omiso y siempre se ha escudado en que forman parte de un Consorcio integrado además por entidades públicas como el Ayuntamiento de Lérida, la Diputación y la Generalitat, que han negado de forma sistemática la devolución e incluso han puesto trabas legales.

La última sentencia llegó el 28 de abril de 2007 de la Signatura Apostólica, con un decreto definitivo que reiteró la propiedad aragonesa, tal como ya determinó la Congregación de los Obispos el 27 de septiembre de 2006.

El obispado aragonés ha tratado por todos los medios que se ejecutaran las sentencias vaticanas, recurriendo incluso a la figura jurídica del exequátur, para que un juez civil homologara en España y ejecutara el decreto vaticano, pero los tribunales han entendido que la Iglesia tiene competencias suficientes para hacerlo por su cuenta.

Incluso en el mandato socialista de Marcelino Iglesias, las consejerías de Cultura de Aragón y de la Generalitat –con un tripartito de izquierdas al frente- buscaron una solución política al conflicto que pasaba por compartir las piezas. Pero la propuesta de la entonces consejera catalana Catalina Mieras quedó en papel mojado.

Al margen de los tribunales, los anteriores obispos de Barbastro- Monzón, Alfonso Milián, y Lérida, Javier Salinas y Joan Piris, han buscado un acuerdo. El 30 de junio de 2008, los prelados Milián y Salinas acordaban la devolución del patrimonio. Un acuerdo similar se alcanzó con Joan Piris, pero nunca se llegó a ejecutar.

La última intentona data del 18 de mayo, cuando el actual prelado aragonés, Ángel Pérez, mantuvo una reunión con su homólogo y con los responsables del Consorcio (el encuentro se ha mantenido en secreto hasta ahora) en la que les emplazó a reconocer las sentencias, devolver los bienes y crear entre ambas diócesis la Ruta del Románico para poner en valor el rico patrimonio pirenaico de ambas provincias limítrofes. Esta idea gustó, pero no así la devolución de los bienes.

La nueva estrategia

Hace seis días se conocía que el obispado de Barbastro, cansado de esperar, había interpuesto en julio una demanda de conciliación en un juzgado de Lérida. Según su abogado, Joaquín Guerrero, de no llegar a un acuerdo amistoso, que parece poco probable, se iniciaría una demanda ante un juzgado de lo contencioso-administrativo.

El Gobierno de Aragón ha manifestado su apoyo en este nuevo proceso. Desde el Departamento de Cultura apuntan que, aunque el "Gobierno de Aragón no es parte en este litigio, apoya las acciones que sean en defensa de la recuperación de nuestro patrimonio". Asimismo recuerdan que el presidente, Javier Lambán, y la consejera Mayte Pérez "pidieron al obispado la cesión de poderes para poder ser parte y acudir a los tribunales. Se hizo en vistas del buen resultado que están teniendo los otros litigios de los bienes y que tienen ya sentencias favorables y cumplidas en parte".

Sorprendido se mostró Francisco Mateo, el alcalde de Tamarite de la Litera, uno de los municipios de los que salieron las piezas. "Este es un tema que debería haberse resuelto por la Iglesia. Esto puede dilatar más la solución y además no es el momento político oportuno en Cataluña", señaló.