El Justicia de Aragón urge la puesta en marcha de medidas contra la despoblación

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha urgido este viernes la puesta en marcha de medidas contra la despoblación. Ha presentado, junto con el director del Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo en Áreas Rurales (CEDDAR), Vicente Pinilla, el informe titulado 'La despoblación en Aragón 2000-2016: tendencias, datos, reflexiones para el diseño de políticas'.

"No se despuebla una comunidad autónoma, ni siquiera una provincia, sino un pueblo, un lugar de identidad más allá de su reconocimiento administrativo", señala el informe que ha dado a conocer García Vicente.

En sus primeras palabras, el Justicia ha reconocido el interés de la Administración autonómica a lo largo de los últimos 15 años por consensuar políticas contra la despoblación y el esfuerzo individual de muchos pueblos, colectivos, asociaciones e investigadores por poner en marcha soluciones concretas e imaginativas ante situaciones de gran necesidad poblacional.

Ideas, planes y proyectos ambiciosos, que se han plasmado en documentos consensuados y aprobados que, ahora necesitan concreción presupuestaria y puesta en marcha urgente, tal y como ha sugerido Fernando García Vicente. Para el Justicia, las cifras que recoge el informe que se ha presentado, "son muy preocupantes y no permiten más retrasos".

"El problema de la despoblación se ha tornado crónico", ha dicho antes de remarcar que los años de bonanza económica y el incremento de habitantes "no consiguieron revertir la tendencia" de los municipios de menos de 500 habitantes, que siguieron perdiendo población, ni de las comarcas con déficit poblacional, "que continuaron en la misma tónica". Los años de la crisis económica (2008-2015) no han hecho sino profundizar en esta herida con una pérdida de 20.000 habitantes. Sólo los municipios del área metropolitana de Zaragoza ganaron población.

Ante este panorama, el Justicia de Aragón ha recordado que "las consecuencias de la despoblación y el desequilibrio se reflejan en el acceso a derechos básicos", como la sanidad y la educación, de ahí que las propuestas del informe, coincidentes con muchos estudios ya realizados, incidan en este ámbito sobre la base de la reordenación del territorio con localidades-cabecera, dotadas de los servicios suficientes para atender las necesidades de poblaciones próximas, así como en el apoyo al empleo femenino y a la conciliación.

Fernando García Vicente ha insistido en que "la decisión de vivir en el medio rural o en la ciudad no debería estar condicionada nunca por la calidad de los servicios públicos, sino por la existencia de atractivos que favorezcan la presencia de nuevos pobladores con vocación de estabilidad".

El informe es una actualización del ya realizado por la institución en el año 2000 y refleja "la constante preocupación" del Justicia por el problema de la despoblación en Aragón. En ambas ocasiones ha sido el CEDDAR el organismo encargado de recoger y analizar los datos desde un enfoque muy humano, situando a las personas y a sus motivaciones para vivir en uno u otro sitio, en el centro del debate.