La polémica está sobrevolando las fiestas populares en Aragón. El nuevo decreto regulador de las actividades públicas y recreativas ocasionales, también conocido como decreto de espectáculos, afronta su primer verano en vigor con numerosas quejas por parte de los municipios y, muy especialmente de la Diputación de Huesca, pero de momento sin sanciones.

El 25 de abril el Gobierno autonómico aprobó la nueva normativa, que entre otras cuestiones autoriza la entrada libre de menores a los recintos a partir de los 16 años, mientras que los que no alcancen esa edad deben acudir acompañados de un adulto. La medida puso en jaque la prohibición de que los adolescentes acudan sin compañía a conciertos y demás actos culturales, y eliminó el establecimiento de zonas separadas sin venta de bebidas alcohólicas, unas normas impuestas en 2014 por parte del anterior Gobierno. Pero sigue habiendo quejas.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, apuntó tras la entrada en vigor del nuevo decreto que el Ejecutivo ha elaborado una normativa "más exhaustiva", y que además de garantizar la protección de los menores pone especial acento en el control de los aforos y en la seguridad, lo que conlleva un incremento de los presupuestos destinados habitualmente a la programación de festejos.

Muchas localidades y promotores de actos aragoneses se han visto afectados, especialmente los pueblos pequeños y barrios rurales, que cuentan con menos medios económicos e infraestructuras que no se terminan de ajustar a lo que requiere la ley. Tal es el caso de Juslibol, que a finales de julio tuvo que dar un giro inesperado a sus fiestas al recibir la notificación del Ayuntamiento de Zaragoza de que no estaba autorizado el uso de su pabellón para acoger verbenas y discomóviles "por no contar con las salidas de emergencia en regla", cuenta la alcaldesa del barrio, Pilar Antorán. Localidades más grandes no han percibido tanta diferencia, al contar ya en sus previsiones con una cuantía destinada a garantizar el control dentro de los recintos.

En las inspecciones realizadas hasta la fecha por la DGA "no se ha computado ningún expediente de sanción por la aplicación del decreto", según fuentes del Ejecutivo, aunque la DGA está teniendo que lidiar con quejas y reclamaciones, procedentes en su mayoría de la Diputación Provincial de Huesca (DPH).

El San Lorenzo más exigente

La concejala de Fiestas del consistorio de la capital oscense, María Rodrigo, ha afrontado un San Lorenzo con mayores exigencias que otros años. "El nuevo decreto nos ha supuesto un esfuerzo económico muy importante de más de 30.000 euros. Nosotros ya teníamos un dispositivo que integra a la Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Policía Adscrita y Protección Civil, por lo que entendemos que nuestra seguridad estaba garantizada", decía Rodrigo antes de que las fiestas dieran su pistoletazo de salida.

El pleno de la DPH aprobó el 1 de junio una moción en la que se solicitaba la suspensión de la aplicación de los artículos 13, 14 y 15 del decreto –referentes al personal y las medidas de vigilancia y seguridad que deben cumplir los espectáculos–, abriendo un proceso participativo que permita conjugar el control con el interés público. Cinco días después, la Diputación presentó un recurso, pero un informe emitido por la directora general de Justicia determinó que "no procedía la anulación".

El decreto ha causado problemas en la provincia de Huesca, como en Tardienta, que tuvo que cancelar una discomóvil programada en su centro cívico, o en Canfranc, que anuló un festival a solo dos semanas de celebrarse por los costes que les suponía el cumplimiento de la norma.

Hubo que esperar al 4 julio para que el Consejo de Gobierno acordara estimar parcialmente el requerimiento interpuesto por la DPH, fecha en la que la DGA inició un procedimiento de modificación del decreto en aquellos artículos que suscitan dudas interpretativas. Aunque desde el Ejecutivo informan de que el consejero ya ha firmado la orden para iniciar el proceso, en Huesca subrayan que desde finales de julio no han tenido más conocimientos al respecto. En septiembre, con el fin de las vacaciones, confían en retomar el asunto y en poder llegar a un acuerdo conjunto y beneficioso.