La continua proliferación de campamentos y colonias juveniles, con 25.308 menores inscritos este verano, y la práctica en ellos de las denominadas actividades de riesgo ha obligado al Gobierno aragonés a actualizar el decreto que los regula. Sobre todo, para reforzar las medidas de seguridad y prevención, de cara a evitar que se produzcan accidentes como el que el año pasado costó la vida a una chica de 15 años durante una excursión en el cañón del Añisclo.

Tras casi un año de trabajo, la administración autonómica acaba de consensuar una normativa que revisa desde la ratio obligatoria de monitores por menor –que pasa de uno por cada doce, a uno por cada diez– hasta las condiciones exigibles para practicar determinadas actividades de riesgo o aventura: montañismo, escalada, rápel, barranquismo... Porque la normativa actual data de 1997 y apenas concreta nada sobre la forma en que deben llevarse a cabo estas para garantizar la seguridad de los menores.

Según fuentes del Gobierno aragonés, al texto base han hecho aportaciones desde las comarcas y municipios donde se desarrollan habitualmente estas acampadas juveniles –la mayoría, en el Pirineo oscense– hasta la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). No en vano, corresponde al organismo de cuenca autorizar la actividad cuando se desarrolla en una zona potencialmente inundable.

Una de las principales novedades del nuevo decreto –que ahora saldrá a exposición pública para que puedan hacerse alegaciones– es la exigencia a los promotores de campamentos y colonias –casi 400 del 1 de junio al 30 de septiembre de 2017 en Aragón– de un plan de evacuación. En el anexo del nuevo decreto se establece el contenido mínimo: salidas de emergencia, medios disponibles o refugios alternativos en caso de desalojo.

Con estos nuevos planes de autoprotección, se pretende hacer frente a contingencias como la sobrevenida a comienzos de este mes de agosto en Benasque (Huesca), donde una tormenta de lluvia y granizo estuvo a punto de provocar una tragedia en el prado de la Renclusa, a casi 2.200 metros de altura. La riada de agua y piedras arrastró más de una docena de tiendas de campaña con personas en su interior en algunos casos, aunque finalmente no hubo que lamentar más que heridas leves. No obstante, el peligro que entrañaba la zona después de acumularse más de 70 litros por metro cuadrado tras varias horas de tormenta aconsejó a la Guardia Civil evacuar el campamento.

"Queremos que todo el mundo sepa cómo actuar en caso de emergencia. No nos bastará ya con hacer un simulacro de evacuación, sino que este deberá estar plasmado por escrito", contaba durante la elaboración del decreto el director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Gimeno.

Pero no habrá que tener previsto solo el desalojo de emergencia de las instalaciones, ya sean edificios o tiendas de campaña. Para incrementar la seguridad de los menores que participan en estos campamentos, el Gobierno aragonés exigirá también una serie de medidas preventivas a la hora de programar determinadas excursiones o salidas de alta montaña (por encima de los 2.000 metros de altitud). Así pues, los promotores deberán comunicar sus planes al Centro de Emergencias 112-SOS Aragón, así como al puesto de la Guardia Civil más próximo.

Monitores con más formación

Además de obligar a los promotores a incrementar el número de monitores, la administración exigirá que un 75% estén titulados (por el 50% actual). Además, la DGA ha decidido mejorar su formación, ampliando el número de horas teóricas y prácticas para obtener el título. Con el nuevo decreto serán 310 (150 teóricas y 160 prácticas) mientras que en el actual son 200 (100 y 100). Lo mismo ocurrirá en el caso de la obtención del título de director de actividades de tiempo libre.

La nueva normativa no ha podido estar lista para este verano, pero se han establecido medidas de transición hasta su entrada en vigor de cara a la temporada 2018. Entre ellas, destaca el asesoramiento a los promotores para elaborar planes de evacuación en aquellas actividades que consideren que entrañan más riesgo; el refuerzo de las inspecciones; y la actualización de los informes sobre las campas y edificios donde se van a llevar a cabo los campamentos o colonias.